El PP pide apartar a los trabajadores sociales que sean procesados

El PP en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley por la que pretende que aquellos trabajadores sociales que sean procesados bien administrativamente o bien penalmente, sean apartados de sus puestos mientras se resuelva el proceso.

La proposición de los populares coincide con la deliberación del tribunal que ha repetido el juicio a un educador social, ex marido de Mónica Oltra, condenado por abusar sexualmente de una interna, y que trabajó durante dos años en centros de menores hasta que llegó su juicio.

Expone el PP que los usuarios de servicios sociales que se encuentran en centros, según la propia Fiscalía y organizaciones expertas, están más desprotegidos ante la marginalidad y son más vulnerables ante los abusos. Esto es debido a la desprotección en los propios centros, que en muchas ocasiones se encuentran saturados y sin las medidas suficientes para garantizar su seguridad, y a las condiciones en las que llegan y por las que necesitan estos servicios.

Consideran que garantizar el bienestar y la seguridad de los usuarios de los servicios sociales es un deber inexcusable de los poderes públicos, que deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que las personas más vulnerables, especialmente los menores de edad, pero también las personas mayores, dependientes o las mujeres víctimas de violencia de género, puedan desarrollar su vida en las mejores condiciones, desde el más absoluto respeto a su dignidad.

La diputada Elena Bastida señala que «ante una investigación o condena a trabajadores por la comisión de delitos en centros de titularidad de la Generalitat, contra la indemnidad sexual o la integridad física de usuarias, no podemos quedarnos de brazos cruzados».

Y cree que «resulta evidente la insuficiencia de la regulación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, para evitar, detectar y atajar de forma rápida estos casos, siendo una muestra clara de ello el hecho de que no prevé expresamente la obligación de separar a los trabajadores sometidos a investigación administrativa o penal de los usuarios objeto de las mismas, imponiendo así a las víctimas la carga de convivir con sus agresores y favoreciendo la reiteración o agravación de la situación.

Por ello, el PP pide al Consell las modificaciones normativas, que resulten necesarias al objeto de impedir que cualquier persona sobre la que exista un procedimiento en curso puedan seguir en contacto con los tutelados.