Cáritas denuncia que el Gobierno valenciano deja fuera de las ayudas al alquiler a las personas vulnerables

Cáritas Comunitat Valenciana ha denunciado que la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática no se ha pronunciado sobre su petición de que no se deje fuera de las ayudas al alquiler a las personas más vulnerables afectadas por la brecha digital y estudian la vía judicial.

La organización informa en un comunicado de que, ante el silencio de la Conselleria, las tres Cáritas Diocesanas de la Comunitat -Orihuela-Alicante, Segorbe–Castellón y Valencia- trasladaron su queja al Síndic de Greuges el pasado mes de julio, que no fue respondida en los dos plazos que le dio este organismo.

Las tres instituciones reclamaban en su demanda a la Conselleria de Vivienda que las personas más vulnerables de la Comunitat no quedaran fuera de las ayudas al alquiler, ya que dicha petición solo podía realizarse por vía telemática.

La Orden 3/2021 por la que se aprobaban las bases reguladoras para la concesión del Programa de Ayudas al alquiler de viviendas y del Programa de ayudas al alquiler para jóvenes excluía, expresamente, la presentación de las mismas por registro general de entrada, por lo que las personas que carecen tanto de dispositivos como de conocimientos informáticos quedaron fuera del acceso a dichas ayudas, denuncia Cáritas.

A principios del pasado mes de junio, un equipo técnico de Cáritas Valencia se reunió con la Dirección general de Emergencia Habitacional para hacerle conocedora de la limitación que esta medida suponía y dar así la posibilidad de rectificar la referida Orden, informan las mismas fuentes.

Cáritas pidió que se flexibilizaran algunas de las medidas y que se implementaran citas presenciales para facilitar a las personas que carecen de medios electrónicos la solicitud de las ayudas.

Por su parte, el Síndic de Greuges conminó a la Conselleria a tener en cuenta esta demanda y estableció un nuevo plazo de un mes que ahora se cumple, para que la Generalitat respondiera.

Cáritas reclama que se modifique la legislación que excluye del acceso a ayudas sociales a quienes más las necesitan y recuerda que las personas en situación de vulnerabilidad a las que acompaña, y hacia las que están destinadas las ayudas al alquiler, suman, además, dificultades materiales y habilidades digitales para poder relacionarse con la Administración.

“En consecuencia, la llamada brecha digital deja fuera del sistema a quienes más lo necesitan”, advierte, y anuncia su intención de acudir a los tribunales si no se acepta su petición.