El «caso Neymar», a la Audiencia

Las sombras de dudas sobre la legalidad de todo lo relacionado con el contrato de fichaje de Neymar por el Barça aumentan y, en estos momentos, no se puede descartar que se hubiese incurrido en un delito de apropiación indebida, en su modalidad de «distracción». Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Pablo Ruz que admita a trámite la querella presentada por un socio contra el presidente Sandro Rosell al considerar que existen indicios de que los contratos firmados entre el club, la sociedad que pertenece al padre del jugador y el propio Neymar «no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en algún caso de contratos simulados –por ejemplo, el del préstamo de diez millones de euros que adelantó el Barcelona en 2011 a la sociedad– o alterando la finalidad del concepto en que se paga una cantidad –los 40 millones se abonan finalmente como una cláusula de penalización cuando, en realidad, se haría por la adquisición de los derechos económicos y federativos del jugador–», extremos que hay que investigar y que motivan la petición de admisión a trámite de la querella.

El representante del Ministerio Público entiende que los distintos contratos que se firmaron entre las partes, «en ocasiones, no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en algún caso, de contratos simulados», y se pudo cambiar el tipo contractual de manera fraudulenta.

En su dictamen, el fiscal analiza todo lo relacionado con el contrato, firmado el 15 de noviembre de 2011, entre el FC Barcelona, el jugador y la Sociedad N&N (propiedad del padre de Neymar); el «acuerdo» de junio de 2013 por el que el club reconoce que ha «incumplido el contrato de 2011 y tiene que pagar la «cláusula de penalización» de 40 millones de euros, así como su reflejo en las cuentas contables del Barça.

En el primero de esos contratos se pactó abonar a la citada sociedad 10 millones de euros en virtud de un «contrato de préstamo», sin intereses, y que se amortizaría cuando se formalizara el contrato con el jugador, a la vez que se establecía la citada «cláusula de penalización». En junio de 2013, el FC Barcelona, la sociedad en cuestión y el jugador, una vez que el Santos de Brasil acordó el traspaso, acordaron resolver el anterior contrato, con el reconocimiento del Barça de haberlo incumplido, y, por tanto, pagando la «penalización» pactada.

De todo ello se desprende, a juicio del fiscal, que se ha producido una «mutación de lo que era un contrato por el que se transferían los derechos económicos sobre los derechos federativos de N&N al Barcelona –por 40 millones de euros– en una cláusula de penalización del mismo y, por otro, resulta también que la cantidad abonada como ''préstamo'' en 2011 constituía más bien una garantía del futuro contrato» del jugador con el campeón de Liga.

Y es que, para el fiscal José Perals, después de recibir toda la documentación remitida por el Barcelona sobre su fichaje estrella de esta temporada, «se mantienen las dudas que se apuntan en la querella sobre la contratación del jugador Neymar, por lo que es necesario practicar las diligencias para esclarecer todos los extremos». Sin embargo, no considera «urgente» ni «necesario» que se cite a declarar «por ahora» a Sandro Rosell. En cambio, sí insta al juez Ruz a que reclame a la FIFA toda la documentación de que disponga sobre el citado fichaje, «incluida, en su caso, la relativa a las transferencias económicas», y solicitar al Santos todo lo relacionado con el contrato de traspaso del jugador.