El lunes arranca el juicio contra la junta de Laporta para que pague 47 millones

Será un proceso muy mediático, ya que enfrenta a los dos colectivos que más notoriedad han alcanzado en los últimos años: el de Laporta y el de Rosell.

El próximo lunes arrancará en la Ciudad de la Justicia de Barcelona el juicio contra la junta saliente de Joan Laporta, después de que la actual directiva, amparada por la asamblea de compromisarios del 2010, presentase una demanda para que los anteriores directivos cubriesen unas pérdidas de 48'7 millones de euros, tras una auditoría realizada por Deloitte.

El juez José Manuel Martínez Borrego, del juzgado de primera instancia de Barcelona número 39, fijó tras la vista previa a finales de enero, que el lunes se pusiese en marcha un proceso que resultará muy mediáticos, ya que enfrenta a los de los colectivos que más notoriedad han alcanzado en los últimos años: el liderado por el anterior presidente, Joan Laporta, y el que gobierna en la actualidad, encabezado por Sandro Rosell, dimitido hace unos meses.

Sandro Rosell ganó las elecciones del 2010 y no aceptó el cierre de ejercicio que le presentó la junta saliente, en el que el Barcelona cerraba el año con 11 millones de beneficio. En la reformulación de las cuentas, la auditora Deloitte desveló que los números eran otros y que reflejaban unas pérdidas de 79'6 millones.

El Barcelona llevó sus cuentas a las asamblea del 16 de octubre del 2010, acompañada de una auditoría preventiva o 'due diligence' realizada por KPMG, y la reunión socios acabó con una fractura que continúa vigente, al decidir los socios que la entidad debía demandar con una acción de responsabilidad a la anterior junta.

Durante la exposición en la asamblea, el representante de KPMG explicó a los socios compromisarios que tras la 'due diligente' se ponía de manifiesto "gastos excesivos"en la anterior junta, de haber alquilado jets privados "para asistir a entierros", o un gasto de tres millones de euros para espiar a exdirectivos, así como que con algunas VISA se habían pagado puros y locales nocturnos.

La retahíla fue larga, pero lo que enervó a muchos socios fueron algunos pagos como los anteriores señalados, o muchos otros que se publicitaron en días anteriores en algunos medios. Muchos socios se quejaron, por otra parte, que el club debería de haber puesto a disposición de los asociados estos documentos antes de ser votados.

Una vez concluida todas las exposiciones, el presidente Sandro Rosell justificó por qué la asamblea debía votar a favor de interponer una demanda contra la anterior junta, y las razones en contra. "No es un momento agradable, pero la Ley dice que debemos hacer esto. Estoy pasando un mal trago. Quiero conseguir la concordia del club", dijo ante los presentes.

"No hay nada punible. No ha habido ningún cheque que haya ido a parar al bolsillo de un directivo. No hay que tener miedo, pero hay que votar. Vamos a adoptar la decisión social más importante de toda la historia del club. Cualquier decisión que se tome, será la mejor para el Barcelona", añadió Rosell, antes de dar sus razones para votar sí y para votar no, aunque al final el votó en blanco.

"Debemos votar que sí porque estamos hablado de pérdidas de 48 millones de euros que alguien debe pagar, porque la junta saliente se ha desprendido de parte del patrimonio, porque se ha vivido en la cultura del dispendio y del gasto injustificado y porque se ha invertido pésimamente en propiedades y jugadores que difícilmente se puede explicar", argumentó.

Para defender que se votase no, Rosell dijo: "Si no votamos que no, esto significará seguir con las divisiones del club, porque no es justo que todos los miembros de la anterior junta sean igualmente responsables, porque no es justo que el presidente con más éxitos de a historia (Laporta) se haya de situar ante la ley y demandado por su propio club y porque, además de lograr el patrocinio de Unicef y de frenar a los violentos, el Barça ha logrado el volumen más alto de ingresos de su historia, a pesar de perder dinero".

En la votación, el sí ganó por 26 votos: 468 a favor, 439 en contra y 113 en blanco. Así, el club acordó demandar a la junta saliente de Laporta a la que reclama 48'7 millones de euros, cifra que surge del la suma de los déficit y superávit de los siete años del mandato de la anterior directiva, aunque sólo afecta a la saliente, algo que sorprendió, ya que en las dos primeras temporadas, a partir del 2003, Sandro Rosell, Javier Faus, Josep Maria Bartomeu, Jordi Moix y Jordi Moner, pertenecían a ella, y a la vez fueron los que impulsaron la demanda en 2010.

En aquella votación, no obstante, Sandro Rosell votó en blanco, igual que media docena de sus directivos, mientras que el resto votó a favor de que el club presentase la demanda, entre ellos, el actual mandatario, Josep Maria Bartomeu.

La posibilidad de que un club presente una acción de responsabilidad (que se obtiene por mayoría simple de los asistentes) se recoge en las disposiciones transitorias y adicional de la Ley del Deporte de 1990. Para el caso del Barça, que no es una sociedad anónima deportiva, se aplica la disposición adicional séptima, punto 4, de la Ley del Deporte.