Rosell quiere salir porque su fuga es impensable

Su defensa reclama a la Audiencia su libertad porque al ex presidente del Barcelona lo conocen «en cualquier parte del planeta»

Rosell está en prisión desde el 25 de mayo por orden de la juez Lamela
Rosell está en prisión desde el 25 de mayo por orden de la juez Lamela

Su defensa reclama a la Audiencia su libertad porque al ex presidente del Barcelona lo conocen «en cualquier parte del planeta».

El ex presidente del Barça Sandro Rosell –en prisión desde el pasado 25 de mayo por formar parte supuestamente de una organización criminal a través de la cual habría blanqueado 6,5 millones de euros procedentes de la venta de los derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña– asegura a la Audiencia Nacional que él «nunca cobró ningún tipo de comisiones ilegales» y que es imposible que se dé a la fuga porque al haber presidido el club blaugrana es conocido«en cualquier parte del planeta».

En el recurso en el que la defensa de Rosell, que ejerce el abogado Pau Molins, pide al citado tribunal la libertad de su cliente, el letrado afirma que no tiene duda de que la Fiscalía de la Audiencia «coincidirá con nosotros en que ser titular o cotitular de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, «como Panamá, Andorra o similares» –en referencia nada velada al ex fiscal jefe deAnticorrupciónManuel Moix, que renunció a su cargo hace unos días tras conocerse que era cotitular de una sociedad en Panamá junto a sus hermanos–, «no es constitutivo per se de ningún delito de corrupción o blanqueo».

El abogado del ex presidente culé sostiene que los ingresos que percibió en Andorra en la operación bajo sospecha «respondían exclusivamente a la remuneración percibida por los servicios –legales– de intermediación» prestados por Rosell a favor de la sociedad saudí International Sports Events (ISE), adjudicataria de esos derechos televisivos de la «canarinha», unos ingresos«que posteriormente fueron regularizados» con Hacienda.

A la representación de Rosell le parece «absolutamente aventurada» la afirmación de la magistrada Carmen Lamela de que el ex presidente azulgrana había hecho del delito «su modo de vida o fuente principal de ingresos», con la que –se queja– «de modo gratuito e incompatible con la presunción de inocencia se trasladan graves prejuicios a la opinión pública» sobre su defendido.

De hecho, el letrado niega la existencia de una organización criminal a la que pertenecería el propio Rosell. «Que varios sujetos tengan interés en el buen fin de un negocio –ya sea lícito o ilícito– no les convierte sin más en miembros de una organización», en la que tampoco advierte, recalca, «relación de jerarquía alguna». Algunos de sus supuestos integrantes, como los responsables de ISE (que habrían pagado las presuntas comisiones ilegales), «ni tan siquiera son objeto de imputación», subraya.

Y asegura que Ricardo Teixeira, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), quien según Lamela se embolsó 8,3 millones, «está afincado tranquilamente en su país natal, sin estar sujeto a ningún procedimiento penal», algo «inexplicable» si con su actuación «hubiera generado algún tipo de perjuicio a la entidad que presidía».

Además, según la defensa de Teixeira, el ex mandatario brasileño no está siendo investigado por estos hechos en su país y la CBF «no se ha sentido perjudicada» y no ha formulado contra él «ningún tipo de reclamación económica o judicial».No sólo eso, sino que«no piensa comparecer en España para sostener la acusación» contraRosell.

La defensa también rechaza que el origen del supuesto blanqueo por el que se investiga a su cliente proceda de un delito de corrupción: Teixeira no es funcionario público porque la CBF «es una entidad privada» –argumenta– y tampoco existe un delito de corrupción entre particulares, que entró en vigor en España en diciembre de 2010 y que «no existe en Brasil ni en Andorra».

Respecto a un posible riesgo de fuga, su representación letrada insiste en que con su mujer y sus dos hijas en España y «más del 95 por ciento de su patrimonio» en nuestro país, la huida es «absolutamente impensable», al igual que el riesgo de destrucción de pruebas, pues tras dos años de investigación ya se ha podido obtener «cuanta prueba se ha considerado necesaria».