La UE acusa a España de ayudas ilegales al fútbol

La Comisión Europea (CE) abrirá esta semana una investigación oficial contra siete clubes de fútbol españoles por posibles ayudas de Estado ilegales. Los equipos afectados son Real Madrid, FC Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche.

El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, se dispone a abrir un expediente contra España por ayudas públicas ilegales a siete clubes de fútbol, según anunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en Bruselas. Según explicó el ministro, los afectados son Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche, todos ellos por recibir presuntamente un trato fiscal especial. Almunia anunciará la apertura del expediente esta misma semana –mañana o pasado, según comentó él mismo– y otorgará a España un plazo de un mes para presentar alegaciones antes de tomar una decisión en firme. Después, se abrirá un nuevo periodo de tres meses más para que presente alegaciones cualquier otra parte que se sienta perjudicada.

A continuación, la Comisión adoptará una decisión definitiva. «O se cierra el expediente porque no hay ayudas incompatibles con el mercado interior o se dictamina que esas ayudas son incompatibles, en cuyo caso se obliga a una devolución», manifestó el titular de Exteriores, que ayer visitó Bruselas para asistir a una reunión con sus homólogos.

«Como es obvio, el Gobierno va a dar la batalla hasta el final en defensa de los clubes que también forman parte de la marca España», sentenció. Según explicó García-Margallo, el Gobierno defenderá a los clubes de fútbol porque está convencido de que «no hay nada irregular» en su comportamiento.

Las principales reclamaciones de la Comisión Europea se centran en que el Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Athletic no se han convertido en sociedades anónimas deportivas, como establece la normativa comunitaria. Bruselas también considera, a priori, como ayudas públicas ilícitas la permuta de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas. En cuanto al Valencia, Hércules y Elche están en cuestión las ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas, mientras que para el Athletic se cuestiona la subvención recibida para construir el nuevo estadio de San Mamés que se ha inaugurado esta temporada.

De confirmarse este expediente, la Comisión también podría poner bajo sospecha el impago de impuestos a la Hacienda pública y el pago de cuotas correspondientes a la Seguridad Social de los trabajadores. Margallo explicó que el Gobierno está en contacto con el Ejecutivo comunitario desde 2010, fecha en la que se produjeron los primeros requerimientos. No obstante, dijo desconocer el origen exacto de las denuncias que han hecho tomar cartas en el asunto a la Comisión.

En todo caso, el ministro se mostró convencido de la legalidad del marco legal del fútbol español. «No hay nada. El tema de un distinto tipo (fiscal) en función de la naturaleza del club responde a una naturaleza objetiva, no responde a ningún trato de favor concreto», sentenció. Respecto a los tres clubes valencianos, argumentó que el Instituto de Finanzas hizo préstamos «en condiciones de mercado». En cuanto al tema de Valdebebas, «ha sido una permuta en la que la valoración que se dio a los terrenos de uno y otro lado es perfectamente coherente con el mercado».

Por todo ello, dijo, «lo que me preocupa es el perjuicio que puede causar a los clubes españoles, pero no creo que haya habido ningún tratamiento injustificado, ningún tratamiento no racional ni ningún tratamiento que infrinja la legislación comunitaria», recalcó. La Comisión Europea eludió ayer hacer ningún comentario sobre este expediente.

Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) mostró «su apoyo incondicional y absoluto» a los clubes. «A día de hoy, esta Liga Nacional no tiene constancia oficial alguna sobre la posible incoación de un expediente por parte de las instituciones comunitarias en relación con las citadas investigaciones oficiales», señala la LFP.

«La Liga quiere mostrar públicamente su apoyo incondicional y absoluto a los clubes y SAD a ella afiliadas en general y a los investigados en particular», agrega la LFP.

Y afirma que «esta patronal manifiesta su profundo convencimiento de que, en todo momento, sus actuaciones se han ajustado al acervo comunitario y al ordenamiento español vigentes en cada momento».

La LFP, «en su condición de organizadora de las competiciones profesionales futbolísticas españolas y representante de todas las entidades que participan en las mismas, se pone a disposición de los clubes y SAD afiliados para cuantas actuaciones derivadas de las citadas investigaciones sean precisas ante las instancias competentes».