126.376 aspirantes pelean hoy por 8.102 plazas de funcionario en la administración

Un total de 126.376 opositores se disputan hoy 8.102 plazas de los cuerpos de la Administración General del Estado en la mayor convocatoria de empleo público de los últimos 11 años. La oferta supondrá un soplo de aire fresco para las plantillas de una Administración altamente envejecida, cuya media de edad es de 52 años, y que en los últimos 8 años ha perdido 38.835 empleos, a razón de 20 al día. Además del notorio incremento en el número total de plazas, destaca especialmente la convocatoria de ingreso libre conformada por 1.444 plazas pertenecientes al Cuerpo General Administrativo y 2.029 al auxiliar. A estos puestos habrá que sumarle la estabilización de interinos que llevan años cubriendo puestos de carácter estructural con contratos temporales.

Estas oposiciones sin precedentes se celebran en toda España salvo en Cantabria, Extremadura, Navarra y La Rioja, donde no se han habilitado centros de exámenes, con el consiguiente perjuicio para las personas que se tienen que desplazar a otras comunidades. Pese al incremento de plazas ofertadas, un 71,5% más que en la última convocatoria, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el retraso con el que todo el proceso de selección está evolucionando, el cual podrá verse aún más agravado por el bloqueo político actual.

La Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019 recurre a una metodología plurianual que aúna conjuntamente los procesos selectivos de 2018 y 2019. Esta estrategia usada con el objetivo de optimizar la oferta ha generado muchas expectativas. Sin embargo, aún queda pendiente de resolverse más de la mitad de la oferta de empleo público de la Administración del Estado correspondiente a 2018 (todavía no han salido 2.000 plazas y el resto están en proceso) y la práctica totalidad de 2019.

Las primeras incorporaciones a la Administración no se producirán hasta 2020. El artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleo Público establece que "la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo prorroglabe de tres años", de no ser así, las plazas convocadas podrían caducar y quedar vacías. Aunque desde CSIF señalan que no permitirán que se llegue a ese punto. "Si no se adecúan los ritmos a las necesidades de la Administración seremos beligerantes", declaran fuentes del sindicato.

La estabilidad que otorga un puesto de funcionario no está asegurada. CSIF denunció en un comunicado que la interinidad en las administraciones públicas asciende al 28,2%, una tasa dos puntos por encima del sector privado (25,9%), un abuso que la abogacía de la UE volvió a reprochar a España. "La administración no puede perder ni un minuto más en el desarrollo de los procesos de estabilización, teniendo en cuenta que solo se han puesto en marcha procesos de estabilización para un 20% de las plazas contempladas y hay unas 300.000 personas interinas a la espera", concluía CSIF.