Lo que PSOE y Podemos quieren hacer con la economía

El segundo acto del pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias selló el lunes el acuerdo programático del Gobierno de coalición que formarán PSOE y Podemos. Estamparon sus firmas en un documento de 50 páginas bajo el título “Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España”, que sienta las bases de lo que será la política y las medidas que llevará a cabo el nuevo Ejecutivo. También en política económica. Aunque no desglosaron cuál será su programa al completo, sí desvelaron sus líneas principales: derogar la reforma de las pensiones de 2013 y garantizar su revalorización anual con el IPC real, subir el Salario Mínimo hasta el 60% del salario medio en España -lo que lo situaría en torno a 1.200 euros mensuales-, derogar la reforma laboral del PP en algunos aspectos, una subida de impuestos a las rentas más altas y elevar la tributación del impuesto de Sociedades para las grandes empresas, según recoge Europa Press. Lo que no explican es cómo pretenden financiar todos sus proyectos.

Derogación parcial de la reforma laboral

Recuperar los derechos laborales “arrebatados” -dijeron durante el acto- por la reforma laboral de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y derogar con carácter “urgente” varios sus artículos, entre ellos el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.

Nuevo Estatuto de los Trabajadores

Como ya anunció el propio Gobierno, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves. El documento recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.

Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas. Además, el acuerdo habla de limitar la inaplicación de los convenios para que solo sea posible el descuelgue salarial vinculado a causas económicas “graves”, de establecer la contratación indefinida como forma ordinaria de acceso al empleo y de limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa.

Subidas del SMI y las pensiones

Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura. Para ello, se convocará la mesa del dialogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica. Respecto a las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

Reforma de la Seguridad Social

De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas. El objetivo es dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.

Aprobación del Ingreso Mínimo Vital

Es otro de los puntos fijados en el documento. El desarrollo de este Ingreso Mínimo Vital se aprobará como prestación de la Seguridad Social. La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. También se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para la asignación de ayudas.

Cambios en el modelo de autónomos

Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. También se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo “atractivo” para autónomos y pequeñas empresas, y se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo.

Subida de impuestos a las rentas altas

Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”.

Subida del impuesto de Sociedades

En Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%. Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial. También tienen previstos hacer cambios en Sucesiones y Patrimonio.

Más impuestos

También se mantiene la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales ('Tasa Google') y a las transacciones financieras ('Tasa Tobin'), así como nueva fiscalidad verde sin que recaiga sobre clases medias, autónomos y pymes. Se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones y en el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina. Otro aspecto es la revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales y la reforma del régimen jurídico y fiscal de las 'socimis', aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

Otras medidas

El pacto también incluye medidas como poner techo a las subidas abusivas del precio del alquiler en “zonas tensionadas”, reformar el mercado eléctrico para acabar con los que denominan “beneficios caídos del cielo. Se trata de la sobrerretribución que han consolidado las compañías, a las que se les sigue pagando por inversiones ya amortizadas y con igual precio para las energías baratas que para las caras.