Portugal y Reino Unido, el salvavidas de las empresas ante el hachazo fiscal de Sánchez e Iglesias

«El dinero es miedoso». Esta es una de las máximas que repiten sin cesar la mayoría de los economistas cuando son cuestionados por los efectos de determinadas medidas tributarias, laborales o presupuestarias sobre los inversores, los grandes patrimonios y las empresas en general. Tan sólo unas semanas de coalición socialcomunista han bastado para que el dinero empiece a temblar y a buscar vías de escape. En este sentido, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recibido varias consultas de empresas e inversores para interesarse por las opciones de deslocalización y traslado al exterior (Portugal y Reino Unido), ante el anuncio de cambios y subidas de impuestos del nuevo Gobierno de PSOE y Podemos. Esta misma semana, Bankinter reconoció que está aconsejando a las sicavs (sociedades de inversión usadas por grandes fortunas para pagar menos impuestos) radicarse en Luxemburgo para evitar la incertidumbre.

Así lo señaló la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, en un encuentro informativo tras la renovación de la directiva de la asociación en el que presentó los objetivos para el nuevo ejercicio y defendió que «no se puede legislar al golpe del momento». Así, reivindicó que sea un «imperativo legal» la seguridad jurídica, ya que en España, a pesar de la «calma» por el «impasse» político de los dos últimos años, se produce un «continuo cambio de normas», algo que perjudica a las empresas a la hora de invertir. «Si un Estado decide subir mucho los impuestos, la gente se traslada a otro», avisó Raventós, que matizó que estas subidas deben producirse ordenadamente, de forma que se pague el impuesto donde se crea el valor. Este principio es el que rige en los trabajos para el establecimiento de una solución en el marco de la OCDE al pago de tributos por parte de las grandes multinacionales tecnológicas, conocido como ‘tasa Google’, en la que España trabaja en paralelo, algo que desde Aedaf circunscriben al “ámbito político”, y aclaran que por el momento estas grandes corporaciones digitales no están actuando de forma ilegal, ya que no pagan impuestos al carecer de normas que fijen la imposición.

Los asesores fiscales negaron además que las compañías paguen solo un 5% por el Impuesto sobre Sociedades, ya que no se tiene en cuenta lo que abonan sus filiales en las jurisdicciones donde operan. También reclaman una Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente, una mayor actuación preventiva de la Agencia Tributaria y que los tribunales económico-administrativos no dependan orgánicamente de Hacienda, informa Ep. El vicesecretario de Aedaf, Eduardo Gracia, subrayó que todos los ciudadanos deben contribuir al gasto público, pero reivindicó que esta sea mediante «medidas equilibradas», y recordó que los impuestos entre los Estados miembros de la UE se convierten en un elemento de competencia. La competencia fiscal también se produce entre comunidades autónomas, como en el caso de la Comunidad de Madrid, que presenta una menor imposición, algo que para los asesores fiscales es “absolutamente legítimo” al hacer uso la región de autonomía fiscal.