El Gobierno no aplaca al campo ni con la rebaja de las peonadas

Ayer era el día en el que las agrupaciones agrarias esperaban que el ministro de Agricultura, Luis Planas, les diera soluciones concretas a sus reivindicaciones. Pero, a tenor de lo anunciado tras el Consejo de Ministros, todo quedará en unas cuantas medidas restrictivas, unos retoques fiscales y laborales, y la garantía de que los precios de los productos alimentarios nunca se venderán a pérdidas. Poca «cosecha» para un sector que pedía medidas de calado, tanto fiscales y en las cotizaciones, como estructurales y financieras, y que seguirá con sus reivindicaciones «hasta que se atiendan de verdad», manifestaron a LA RAZÓN fuentes de las asociaciones agrarias tras su reunión con el ministro. Asaja, COAG y UPA consideraron que las medidas adoptadas son «insuficientes» y han pedido más esfuerzos para «resolver los verdaderos problemas de la agricultura», mientras se mantienen las protestas convocadas para esta semana. El ministro se mostró disgustado por su postura, aunque aseguró que no tira la toalla. «Seguiremos dialogando para abordar las cuestiones pendientes», dijo tras cuatro horas de tensas conversaciones.

Planas se había mostrado muy satisfecho por la mañana con el decreto ley presentado, que recoge, según su criterio, las medidas «fundamentales» para satisfacer las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. En él se reforma la Ley de la Cadena Alimentaria y se ofrece un paquete de medidas con las que pretende eliminar «la venta a pérdidas en toda la cadena». El ministro anunció algunas de ellas: los contratos deberán formalizar por escrito los costes de producción para garantizar el precio; se prohíbe la venta a pérdidas y las campañas de promoción engañosas; se permitirá el pago fraccionado de los impuestos para los jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad; se reducirá de 35 a 20 peonadas el mínimo para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y se bonificará la conversión de contratos eventuales en fijos o fijos discontinuos.

Sin ayudas directas

Muy poca cosa, entienden las asociaciones agrarias, que han visto cómo sus principales peticiones –al margen de la exigencia de precios justos– han caído en saco roto para el Gobierno. Nada dijo el ministro sobre aprobar ayudas financieras especiales al sector agropecuario –como ya han hecho Alemania o Francia–, ni de una bajada de las cotizaciones de la Seguridad Social para trabajadores del campo, ni de bonificaciones de las tarifas eléctricas para riego y de los combustibles agrarios, ni de la congelación de las primas de los seguros y el aumento de las coberturas.

Por ello, ayer mantuvieron las protestas y volvieron a colapsar las principales vías de Andalucía, donde no parece haber causado efecto el guiño de la mejora del PER. A los agricultores no les basta con la garantía de no vender a pérdidas y el plan del Gobierno de generalizar las inspecciones y las multas. Adelantó el ministro que la Agencia de Control Alimentario será «reforzada para evitar fraudes contra los productores». Las irregularidades que sean detectadas pueden sufrir multas que van de los 3.000 a los 100.000 euros las graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros las muy graves. Se han elevado a graves las infracciones en los contratos alimentarios que no formalicen por escrito los costes de producción o no incluyan las modificaciones en el precio, que antes eran consideradas de leves y que ahora se han tipificado como graves junto a la venta de un producto por debajo del precio de producción, que antes no se contemplaba. La reincidencia infractora se considerará una falta muy grave.

Temor en los consumidores

Lo que no explicó el ministro es cómo evitará el Gobierno que el precio final de venta de los productos se dispare y repercuta en el consumidor al elevarse los precios en origen. «Este Gobierno no es intervencionista en una economía de libre mercado, por lo que apelamos a la responsabilidad de todos los actores de la cadena. Creemos que existe margen para que se pague más y se mantengan los precios». No lo creen así las asociaciones que agrupan a las grandes superficies, que manifiestan «que los márgenes están tan ajustados que es prácticamente imposible la capacidad para bajarlos más».

Este real decreto ley se tramitará como proyecto de ley, tras ser convalidado por el Parlamento, porque Planas quiere que sea «objeto de consideración y debate en el Congreso».