La patronal catalana denuncia la nueva fiscalidad de Torra

Sin apenas financiación autonómica y con una fiscalidad «casi un 20% superior a la del resto de ciudadanos de España», Cataluña no será un destino atractivo para empresas ni ciudadanos, alertó Fomento del Trabajo. La principal patronal catalana denunció ayer las subidas de impuestos que plantea el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Con el lema «Por una fiscalidad de Progreso», la patronal destacó que Cataluña incrementó un 17% su PIB en entre 2014 y 2018, «pero la recaudación fiscal, en el mismo periodo de tiempo, creció un 48%, muy por encima del crecimiento económico».

La grieta entre los tributos que pagan los catalanes y el resto de ciudadanos españoles radica en el alza del 21% de la recaudación del impuesto de patrimonio, la de sucesiones (+41%) y la de transmisiones patrimoniales (ITP) o actos jurídicos documentados, hasta un 63%. En ese sentido, Fomento del Trabajo también criticó la creación de «nuevos tributos inexistentes en otras economías de similar dimensión». La campaña de la patronal catalana denuncia el incremento de la tasa turística, el alza del 25% del impuesto por las bebidas con azúcar, la creciente fiscalidad de los vehículos, la subida del IRPF y el impuesto de sucesiones entre padres e hijos, que el Gobierno de Quim Torra pretende aprobar.

«La alta presión fiscal proyecta una imagen de Cataluña disuasiva para la inversión y la retención de talento. Ante esta situación, la propuesta de presupuestos de la Generalitat lejos de proponer un giro, promueve una fiscalidad que castiga a empresas y ciudadanos», advierte Fomento del Trabajo. La patronal concluye que la vía fiscal elegida «perjudica a Cataluña ante economías de un peso similar».

Por ello, la organización presidida por Josep Sánchez Llibre «quiere abrir un debate con todos los agentes sociales y económicos del país para trabajar a favor de una política fiscal de progreso, al tiempo que presenta 12 propuestas para «una fiscalidad a favor del crecimiento económico y la igualdad de oportunidades». Entre ellas se encuentran la supresión del Impuesto de Patrimonio, bajar el IRPF «para estimular el consumo», reducir las cotizaciones sociales y elaborar un plan de cuatro años para combatir la economía sumergida. Además, pide que se recuperen los incentivos al ahorro a largo plazo, la reducción del impuesto sobre sociedades para las pymes y para los beneficios no distribuidos e implantar un régimen fiscal especial para áreas despobladas.