Los extranjeros libran a los españoles de tener que asumir los peores empleos

Lejos de arrebatarles puestos de trabajo, los extranjeros «quitan» a los españoles la necesidad de realizar los peores empleos. Esa es la conclusión a la que llega el informe “La contribución de la inmigración a la economía española”, incluido en el informe anual presentado hoy por el Defensor del Pueblo. El estudio asegura que el peso de los ocupados extranjeros es superior a un tercio en el agregado de ocupaciones elementales, especialmente en algunas actividades de servicios. “Existen casos prototípicos como el del servicio doméstico, ocupado en un 60 % por empleados extranjeros (mujeres, en la práctica totalidad) o la hostelería, que en términos de Seguridad Social contrata al 20 % de todos los asalariados entre los extranjeros”, asegura el documento elaborado por la institución que dirige Francisco Fernández Marugán.

Para el Defensor, los extranjeros están excesivamente expuestos a “nichos laborales propios del segmento secundario del mercado de trabajo, con mayor irregularidad, más precariedad, más inestabilidad, peor remuneración y, en suma, más vulnerables”. Esta desigualdad, añade, debe interpretarse como “una falta de integración de la inmigración laboral en el mercado de trabajo español”.

Formación

La situación laboral de estos trabajadores no se corresponde en muchas ocasiones con su nivel de formación. Según datos recogidos por el INE que cita el Defensor del Pueblo de un estudio específico sobre la situación de los inmigrantes en el mercado laboral, la mitad de los trabajadores nacidos en el extranjero (51 %) afirman que su nivel de estudios, experiencia y capacitación les permitirían desarrollar tareas de mayor cualificación que las que desempeñan actualmente. El porcentaje es aún mayor entre los extranjeros nacidos en América Latina, alcanzando a casi el 58 %. Si no desempeñan trabajos acorde a su preparación es porque existen problemas de inserción laboral, según la instituación. Por ejemplo, un 11% de los nacidos fuera de Europa o Latinoamérica señalan dificultades con el idioma; un 8% de los nacidos en Latinoamérica señalan problemas con la convalidación de los títulos obtenidos en el extranjero, y un 2% de todos los ocupados extranjeros indican restricciones legales.

Respecto a este último obstáculo, el Defensor del Pueblo apunta a algunas restricciones específicas que, en su opinión, no tienen sentido. El Estatuto Básico del Empleado Público de España limita la incorporación profesional de la población activa extranjera no comunitaria solo a la categoría de «personal laboral», excluyéndose su participación por ley de las categorías de funcionarios de carrera, funcionarios interinos o personal eventual. La población extranjera comunitaria tiene también restricciones para determinados puestos en la administración. Esta limitación, asegura el informe, "no deja de ser, en esencia, cuestionable, en la medida en que el mismo estatuto reconoce que «todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».