Pensiones: 30.000 millones más de gasto por no aplicar el factor de sostenibilidad

Los sindicatos se reunirán este próximo día 13 con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con un objetivo claro: blindar la revalorización de las pensiones al IPC y tumbar para siempre el factor de sostenibilidad, cuya aplicación está suspendida hasta 2023. Podemos también quiere reducir a polvo esta medida, que tiene en cuenta la evolución de la esperanza de vida para el cálculo de las pensiones futuras ¿Por qué esta fijación de la izquierda con esta variable? ¿Tan perniciosa es para los pensionistas o es positiva para la sostenibilidad de las jubilaciones futuras?

El sistema de pensiones público funciona con un esquema piramidal basado en la equidad entre generaciones. En este sistema de reparto, las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones e impuestos de los trabajadores actuales, y las del futuro se pagarán con las aportaciones de los trabajadores en ese momento.

Las reclamaciones de pensiones justas en el presente tienen efectos en la supervivencia de las pensiones futuras, lo que rompería el principio de equidad intergeneracional, según remarcan los expertos consultados por este diario. Esas reclamaciones que equiparan la pensión con un subsidio olvidan que el factor número uno para tener derecho a una pensión contributiva es haber cotizado por ella. Así, los jubilados que cobran las pensiones más altas no reciben dádivas de la Seguridad Social, sino simplemente el pago compensatorio por haber sostenido el sistema con mayores aportaciones que el resto durante su carrera laboral. Y todos, en conjunto, obtienen mejores contraprestaciones que el resto de los europeos.

Porque las pensiones españolas están entre las más generosas de la Unión Europea en relación a las aportaciones realizadas. De hecho, la tasa de reposición o de reemplazo –el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo– es de las más elevadas del mundo desarrollado. En concreto, supera el 80% para las pensiones de jubilación del Régimen General de Asalariados, mientras que la media de la OCDE es de poco más del 50%, y la de países como Italia (69%), Francia (55%), Alemania (37%) o Reino Unido (30%) no se acerca ni de lejos a la española.

Entre 1980 y 2017, la tasa de sustitución ha crecido 28,5 puntos de promedio en todas las clases de pensión y 33,5 puntos para las de jubilación. La situación mejora todavía más para los nuevos jubilados asalariados, que reciben el 94% de su último sueldo, cuando en 1980 era el 60%, una de las mejores entradas en un sistema de jubilación del mundo. De hecho, la tasa bruta de reposición, que recoge la relación entre pensión inicial y último sueldo supera el 78,5%, la mayor de la eurozona y de toda la UE. Con estas condiciones, una pensión promedio que alcance el 100% de la base reguladora aportaría al sistema una cantidad que daría para pagar apenas entre nueve y 16 años de pensión, dependiendo de la tasa de sustitución, muy por debajo de los años que otorgan a los españoles la actual esperanza de vida.

Los expertos consultados, entre ellos varios componentes del «comité de sabios» que elaboró una propuesta de reforma del sistema en 2013, coinciden en que las pensiones son «un caballo desbocado» que va a ir generando aún «mayores tensiones» con el paso de los años. Suponen casi un tercio del gasto público, generan un déficit de 18.000 millones de euros anuales, el 60% del déficit del sector público, y se enfrentan a un envejecimiento de la población que hará el porcentaje de jubilados pase del actual 15% al 24% que representarán en 2040. Además, la población activa pasará del 67% al 60%.

Con estas proyecciones, los «sabios» consideran que ni siquiera en un escenario demográfico favorable, con una media de entre 1,5 y 1,8 hijos por mujer fértil, y un incremento de la inmigración de unos 8 millones de trabajadores se podrá mantener el sistema de pensiones en las actuales circunstancias sin introducir más impuestos, lo que lastraría el consumo, o incrementar las cotizaciones, lo que encarecería la mano de obra y penalizaría el mercado de trabajo. La convergencia con la eurozona en los pagos de los trabajadores por cuotas sociales, donde existe un margen de unos 36.000 millones de euros, implicaría una reducción de la renta disponible de todos los trabajadores en más de siete puntos.

A esto hay que sumar la pretendida indexación por decreto de las pensiones al IPC para mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Según este sistema, en el que los pensionistas ven revalorizada su pensión todos los años al mismo nivel que aumentan los precios, el gasto se incrementa a un ritmo que ronda el 5% anual. Todo esto en un escenario de crecimiento. Pero entra dentro de lo probable que durante los próximos años España afronte un ciclo complejo que se dejará notar más en el sistema de pensiones.

La reforma de 2013 introdujo el llamado Factor de Sostenibilidad, que ajustaba la base reguladora a la esperanza de vida, reduciéndo así la pensión si aumentan los años de vida de la población. Su aplicación se congeló en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (aún vigentes), posponiendo su entrada en vigor a 2023. ¿Qué ocurrirá si en unos nuevos presupuestos se sigue postergando o desechando su aplicación como quieren Podemos y los sindicatos? Los cálculos de los expertos apuntan a un incremento del gasto de entre el 0,8% y el 1% del PIB por la no introducción del factor de longevidad para 2045, cuando se acerque el pico del gasto en pensiones. Esto provocará unos 30.000 millones de euros más de gasto solo por este concepto.