Energía

La eléctrica pública de Podemos es un bluf: sólo abarataría el recibo de luz un 0,2%

Los 700 megavatios que tendría la compañía que propone no dan ni para pipas. Además, habría que esperar diez años y el problema lo tenemos ahora

Factura de la luz y contadores eléctricos
Factura de la luz y contadores eléctricosJesus G. FeriaLa Razón

Una de las propuestas estrella de Unidas Podemos para abaratar el precio de la electricidad en España pasa por constituir una empresa de generación eléctrica pública re-estatalizando las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan venciendo en los próximos años. La idea básica es aprovechar los beneficios extraordinarios que devengue esa compañía pública para abaratar el recibo de la luz de los españoles. Si las hidroeléctricas venden el megavatio hora (MWh) al precio del mercado mayorista (alrededor de 100 euros en promedio durante el mes de agosto) y su coste de producción apenas ronda los 5 euros, los 95 euros de ganancia podrían reinvertirse en reducir otros costes del sistema. La propuesta tiene, sin embargo, dos importantes agujeros: es temporalmente tardía y cuantitativamente poco relevante.

Potencia instalada

Y es que las centrales hidroeléctricas cuya concesión vencerá a lo largo de la próxima década totalizan una potencia instalada de 700 megavatios. Es decir, por un lado tendremos que esperar diez años hasta que esa empresa pública pueda constituirse (y el problema lo tenemos ahora); por otro, 700 megavatios de energía no dan ni para pipas. A la postre, el total de potencia instalada en España asciende a más de 110.000 megavatios, de modo que 700 megavatios únicamente representaría el 0,6% del total. Y, siendo optimistas, podríamos aspirar a que produjeran a lo largo de un año 1.500 gigavatios hora (GWh).

Saquemos la calculadora. Si el precio promedio del MWh ronda los 100 euros (y, por tanto, el del GWh ronda los 100.000 euros), una empresa pública que suministre 1.500 GWh al año tendría unos ingresos de unos 150 millones de euros. Reduciendo de esa cifra los costes operativos (pequeños) y los impuestos que actualmente pagan las hidroeléctricas, podríamos estar hablando de unos ingresos netos en torno a los 100 o 110 millones de euros. ¿En qué porcentaje podemos abaratar los costes del sistema eléctrico español merced a esa cifra de ingresos? Si el precio del MWh se mantuviera en 100 euros, los pagos totales a la generación de electricidad ascenderían a 25.000 millones de euros anuales. A este monto hay que añadirle, además, los costes regulados (peajes de transporte y distribución, primas a las renovables, amortización del régimen de tarifa…) que rondan los 16.000 millones de euros. Por último, los impuestos que recaen sobre el precio, que según cuál sea el porcentaje de IVA podríamos estar hablando de unos 4.000 millones de euros. En total, pues, unos 45.000 millones de euros.

¿Paripé?

Así pues, si la empresa pública consiguiera ingresar netamente unos 100 millones de euros, seríamos capaces de abaratar el precio de la electricidad en… un 0,2%. Sin duda toda una proeza que justifica plenamente la batalla política que está librando Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición con sus socios del PSOE. ¿O no? ¿O simplemente se trata de un paripé frente a su electorado que no pretende realmente solventar ninguno de los problemas inminentes y de fondo que arrastra nuestro sistema eléctrico?

En cierto modo, tanto Partido Socialista como Unidas Podemos son rehenes de la demagogia que durante años estuvieron haciendo respecto al precio de la electricidad. Le prometieron a su electorado que, apenas llegaran ellos al poder, pondrían firmes a las compañías eléctricas y la factura de la luz se abarataría. Y ahora nos topamos con el precio de la energía en el mercado mayorista más elevado de la historia. No les que queda otra que empezar a sacarse conejos de la chistera para mantener entre algunos la esperanza de que no fueron engañados.

El Gobierno subirá el SMI

El Gobierno ha anunciado que piensa incrementar el salario mínimo en 15 euros este 2021, otros 31 euros en 2022 y finalmente otros 31 euros en 2023. Se alcanzaría de esta manera un SMI de 1.027 euros en catorce pagas (alrededor de 1.200 euros en doce pagas) cuando concluyera la legislatura. El compromiso se ha adoptado sin acuerdo con la patronal y, lo que es mucho peor, sin haber evaluado cuáles han sido los efectos sobre el empleo de las anteriores subidas. Recordemos que, según el Banco de España, la subida de 2019 provocó que la economía perdiera hasta 170.000 empleos, concentrados especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Por mucho que el Ejecutivo pretenda persuadirnos de que este tipo de medidas se adoptan para ayudar a los más desfavorecidos, lo cierto es que se adoptan para satisfacer a las clientelas electorales propias.

El Ejecutivo impondrá peajes

La nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, ha recuperado la idea, meses atrás suspendida por Ábalos, de establecer un sistema de peajes en las principales carreteras españolas para así costear su mantenimiento. Parecería que semejante propuesta todavía está en fase de estudio y que no hay ninguna decisión final tomada. Pero no: recordemos que los peajes en carretera son uno de los compromisos que España ya ha asumido con la Comisión Europea y, en consecuencia, no existe margen para no adoptarlos. Los peajes se instaurarán en nuestro país y lo que habría que exigir no es que no se implanten (pues son una buena idea) sino que se bajen otros impuestos que actualmente recaen sobre los conductores (29.500 millones anuales) y que supuestamente deberían estar utilizándose para financiar las carreteras.

Ayuso suprime impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta semana que procederá a eliminar todos los tributos propios que quedaban en la comunidad autónoma. Concretamente, el impuesto sobre las máquinas en locales de hostelería autorizados, el impuesto sobre el depósito de residuos y el recargo al Impuesto sobre Actividades Económicas. Si bien el efecto práctico de suprimir estos tres impuestos no será muy acusado (su recaudación conjunta apenas ascendía a 3,4 millones de euros, esto es, 0,7 euros por ciudadano), su supresión sí sirve para señalizar una cierta voluntad política de rebajar impuestos en la región. A la postre, Madrid se convertirá en la primera autonomía de régimen común sin impuestos propios. Queda pendiente, claro, rebajar los muchos más cuantiosos impuestos cedidos, como el IRPF.