Díaz impondrá un SMI intermedio entre las propuestas de empresarios y sindicatos ante la imposibilidad de negociar

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) no contentará a ninguno de los agentes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que su intención es elevarlo «hacia el tramo alto» de la recomendación del Comité de Expertos, hasta los 1.082 euros brutos en 14 pagas, lo que lo incrementaría de golpe un 8,2%, apenas tres décimas por debajo de la subida aprobada para los pensionistas, pero muy lejos del 2,5% previsto para los empleados públicos. «Después de conocer el informe del comité de expertos soy partidaria de dirigir la mirada hacia el tramo alto de ese comité. Es la mejor medida y la más eficaz para combatir la pobreza laboral, que sustancialmente afecta a jóvenes y mujeres», defendió Díaz ayer en declaraciones a los medios.

Fuentes gubernamentales confirmaron a LA RAZÓN que la ministra pretende «situarse en el medio de las dos propuestas» –la de la patronal con un alza del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos en 14 pagas, y la de los sindicatos, de 1.100 euros y un 10% de aumento–, con la intención de llevar a cabo una nueva revisión al alza a mediados de este año «en función del comportamiento de la inflación y de otros parámetros económicos y empresariales». Una revisión en la que, presumiblemente, se alcanzarán los 1.100 euros brutos para cumplir con su promesa de elevarlo al 60% del salario medio, algo que los empresarios aseguran que «se ha superado con creces» en varias comunidades y provincias.

Así, el salario mínimo de 1.082 euros superaría el 60% del salario promedio en trece comunidades autónomas y, en dos de ellas –Extremadura y Canarias–, estaría por encima del 70%. Según los cálculos de la organización empresarial, el salario medio también superaría el 65% en 22 provincias y el 70% en otras catorce. Si nos atenemos al tipo de sector, en la hostelería –en el que trabajan 1,5 millones de personas–, un SMI de 1.082 euros sería prácticamente igual al salario medio, mientras que en el comercio –que ocupa a 2,5 millones de empleados–, esa relación sería de cerca del 70%.

La patronal también recuerda que España es el tercer país de Europa con el SMI proporcionalmente más caro, mientras que ocupa el tercer puesto en lo referido al coste de las cotizaciones sociales que afrontan las empresas.

La ministra de Trabajo no ha aclarado si el Gobierno subirá el SMI antes de que concluya el mes y tampoco ha querido precisar una fecha para convocar la mesa de negociación con los agentes sociales y cerrar un acuerdo, pese a que empresarios y sindicalistas tienen solo un papel consultivo. Por ello, exigen a Díaz que tome ya una decisión sin más negociación, dado que ambas partes han situado posiciones prácticamente inamovibles, por lo que no ven necesarias «reuniones improductivas cuando la decisión final es de la ministra y las posiciones son claras», incidieron fuentes empresariales, que volvieron a advertir que el Gobierno va a obligar a subir el salario mínimo a todas las empresas, cuando «no todas las empresas van bien», por lo que las que no puedan afrontar una subida tan importante «tendrán que despedir aunque no quieran».

Desde la CEOE volvieron ayer a denunciar que hay contratos de servicios de empresas con administraciones públicas en los que el salario mínimo ha subido un 35%, pero en cambio estas «se niegan a actualizar el importe de dichos contratos», como es el caso de los sectores de la limpieza, la seguridad o la comida en colegios y hospitales. «Te obligan a subir los salarios pero los contratos siguen estando donde están y no puedes salirte de ese contrato».