4.000 millones de ajuste

El cerco al gasto autonómico se debería instrumentar mediante un plan de ajuste que corrija los incrementos innecesarios de partidas presupuestarias en años anteriores, cuyo montante es de 4.000 millones de euros: 3.000 provenientes del sistema de financiación autonómica y 1.000 millones adicionales en adelgazamiento de la administración territorial. Esta cantidad, revela Santacruz, responde a la falta de ingresos que se producirá si no se aprueban las subidas de los pagos a cuenta del impuesto de Sociedades y las desviaciones estimadas en 2.000 y casi 1.000 millones en Cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, respectivamente.

De los 4.000 millones de ajuste, Santacruz detalla que 500 millones provendrían de gastos de personal, infligiendo un fuerte ajuste en la plantilla pública y la necesidad de no contratar a más personas. «De hecho, habría que despedir», avisa. Respecto a los gastos corrientes en bienes y servicios, el ajuste sería de otros 500 millones, centrado en el ahorro en compras de materiales y, muy especialmente, de aquellos conceptos prescindibles como organismos que duplican el gasto y actividades que no deben ser asumidas por las administraciones autonómicas.

El profesor del IEB sostiene que en cuanto a los gastos financieros se refiere, el ajuste debería ser de 2.000 millones de euros, proveniente del ahorro en intereses de la deuda, tanto por la intervención del FLA como por la reducción de los costes de financiación del crédito bancario.

Los 1.000 millones restantes de ajuste procederían del Capítulo IV de Transferencias Corrientes. Santacruz señala que éste es el «cajón de sastre» favorito de las comunidades. Y es que aunque suelan justificarlo como «gasto social», realmente se trata de subvenciones, gastos y financiación de actividades que son perfectamente prescindibles, como representaciones en el extranjero, organismos públicos ineficientes o ayudas que no deberían entregarse.

Santacruz ve muy complicado que las comunidades puedan cumplir con la meta de déficit para este año, porque las estructuras de gasto autonómico son bastante rígidas y tienen una buena parte de gastos comprometidos de forma «política». Y es que, a pesar de la trascendental viabilidad de las cuentas públicas, los gobiernos que acometan reducciones de gasto serán considerados impopulares.