Ajustes y reformas para sanear las cuentas públicas

El mundo va tan rápido que 2018 ya lleva tiempo presente. Las perspectivas presupuestarias y las reformas que el Gobierno plantea y entrarán en vigor el próximo año ya han sido bastante discutidas en 2017. De todo hay seguidores y detractores pero, de momento, ganan los primeros a falta de ver los resultados y los verdaderos efectos en un futuro cercano.

El año que viene, el Ejecutivo continuará con su objetivo de aumentar la recaudación, lo cual se observa en su Plan Presupuestario de 2018. Juan Pedro Aznar, profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE, explica que el próximo año «las partidas de gasto que más absorben serán las mismas que tradicionalmente, con gran importancia del gasto social y pensiones. Sin embargo, es importante destacar que el Gobierno fía, en gran medida, la mejora del déficit a una mayor recaudación por impuestos, con un crecimiento del PIB nominal –incluyendo inflación– cercano al 4%. Y, además, considera que estos ingresos pueden mejorar entre el 6 y el 7%, aunque algunos analistas lo consideran excesivamente optimista».

Para llevar la contraria a estos expertos, el Gobierno realizará ajustes presupuestarios en la gestión de la Administración pública, que aumentará su recaudación respecto a 2017 (del 38,1% del PIB al 38,3%) a través de impuestos, cotizaciones o rentas de la propiedad. Mientras, sus gastos descenderán del 41,2% del PIB al 40,6%, gracias a la reducción en la remuneración de los empleados y en las prestaciones sociales. En este sentido, es un factor relevante la creación de empleo, ya que baja el número de ayudas que se han de pagar a los parados.

Fraude fiscal

Con el fin de aumentar los ingresos, en el Plan Presupuestario de 2018 se establece que «se espera que las medidas adoptadas en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal supongan un incremento de la recaudación significativo». Además, las comunidades autónomas estiman que en el nuevo año tendrán un impacto diferencial positivo de 70 millones de euros «como resultado de actuaciones que prevén una mayor recaudación». Por último, para ahorrar el gasto social se reducirá del 41,2% del PIB al 40,6% por la rebaja de la inversión en Educación, Sanidad o Servicios públicos generales, aunque a la vez aumenta en Defensa y Asuntos económicos.

Los ajustes lograrán, según anuncia el Plan Presupuestario de 2018, que el próximo año España abandone el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) por el que la Unión Europa ha establecido un control de las medidas económicas que se llevan a cabo con el fin de asegurarse que se hace todo lo posible por sanear las cuentas. La UE ya ha liberado a Grecia del PDE, y para que España lo logre deberá demostrar, como el país heleno, que su déficit se sitúa por debajo del 3% del PIB.

Hipotecas

Las medidas que se están aplicando últimamente son, en buena medida, las lecciones aprendidas de la crisis. En este sentido, en enero entrará en vigor la nueva Ley Hipotecaria, que intentará acabar con las malas prácticas de los bancos respecto a los préstamos. La transparencia será el principal valor que aporte esta norma europea cuyo nombre oficial es Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.

Las entidades deberán entregar más documentación al cliente, que a su vez debe confirmar la información que recibe, con lo que se pretende evitar engaños y acciones abusivas de los bancos sobre los cosumidores, como ha ocurrido con las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisas. En principio, estas medidas han sido aplaudidas, aunque todavía se miran de reojo porque «no se ha clarificado qué puede hacerse para que no haya abusos», comenta Aznar.

Lo cierto es que resulta complicado creer que no se llevarán a cabo por otros lados de la legislación aún descubiertos. Pero si se cumple, los clientes deberán ser los grandes beneficiados y los bancos tendrán que engordar la famosa «letra pequeña». Tampoco podrán realizar ventas vinculadas a la hipoteca. Es decir, no podrán incluir otros productos de la entidad en la oferta de la hipoteca para, supuestamente, rebajar el importe de la misma. Y es que se sabe que de dichas vinculaciones se beneficiaban más los bancos que los clientes.

Por otra parte, se encuentra otro tema que ha puesto en ascuas a la población durante la crisis, los desahucios. La nueva legislación es mucho más estricta con las entidades financieras y, en cambio, rebaja las exigencias a los ciudadanos. Frente al impago de tres cuotas de la hipoteca que era necesario para ejecutarla, a partir del primer mes del nuevo año harán falta entre nueve y doce.

Aparte del sector hipotecario, otro colectivo que verá modificado sustancialmente su régimen jurídico en 2018 es el de los autónomos. La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, cuya aprobación fue exigida por Ciudadanos para apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se interpreta como un avance para los empleados por cuenta propia. Algunas medidas incluidas en la norma ya se han puesto en marcha desde que fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero dos de los preceptos más importantes no entrarán en vigor hasta el primero de enero.

Por un lado, la «tarifa plana» de 50 euros que los nuevos autónomos pagan durante los seis primeros meses se ampliará a un año entero. Además, los varones menores de 30 años y las mujeres menores de 35 disfrutarán de bonificaciones en la cuota de contingencias comunes los 36 primeros meses de inscripción en RETA. Todo lo que suponga un ahorro es celebrado por el trabajador; sin embargo, entre los analistas, esta reforma genera dudas porque no fomenta la estabilidad de los autónomos, sino que entren y salgan masivamente afiliados del sistema que simplemente han probado una oportunidad aprovechándose de las bonificaciones.

Otra de las novedades más importantes para los trabajadores por cuenta propia es relativa a la fiscalidad. Los autónomos que trabajen desde su casa podrán deducirse en la declaración de la renta de 2018 hasta el 30% del consumo de agua, gas, electricidad, teléfono e internet respecto a los metros cuadrados de vivienda que usa para realizar su actividad laboral.

Estas acciones están encaminadas a fomentar el empleo y la afiliación a la Seguridad Social. Pero, para algunos, la reforma se queda corta. Juan Pedro Aznar asegura que, a pesar de estas acciones, todavía resulta «necesario dar facilidades para incentivar aún más esta figura y, por tanto, fomentar el autoempleo, además de una mayor rebaja de la carga fiscal, lo que implicaría aumentar la renta disponible».

MiFID II

Para finalizar, la tercera gran reforma que tendrá lugar será la llamada MiFID II, una directiva europea aprobada en 2014 cuyo objetivo es dotar de mayor transparencia a los mercados financieros. Con esta legislación, los asesores deberán acreditar una formación, por lo que cualquiera ya no podrá aconsejar a un inversor sobre lo que tiene que hacer con su dinero. También, las entidades estarán obligadas a desglosar con claridad las comisiones que cobran a sus clientes y los fondos de inversión se clasificarán en subcategorías para que el consumidor tenga una mejor idea de cuál es su especialización.

A falta de conocer los resultados de todas estas medidas, la intención parece buena. Están orientadas a dar más autoridad a los ciudadanos, y favorecer que, con nuevas correcciones, la economía recupere definitivamente su cauce.

Estabilidad

El buen rumbo de la economía española en 2018 tendrá mucho que ver con la estabilidad política, que ofrezca seguridad jurídica a los inversores y tranquilidad a los organismos internacionales. Por ello, en la CEOE recalcan que, para que se cumplan las previsiones, será necesario que la situación en Cataluña se resuelva lo antes posible, por la gran contribución de esta comunidad a la riqueza del país. De hecho, aunque las previsiones sean positivas, se han visto dañadas por lo sucedido las últimos veces respecto al desafío independentista. En el mismo sentido, Juan Pedro Aznar considera que «si la incertidumbre política lo permite, la economía continuará por la misma senda y será un año con buenos datos de crecimiento, con una inflación relativamente contenida y cierta mejora de las cuentas públicas y del empleo». Así, en un año sin elecciones, en el que se mantendrán las políticas en los ayuntamientos, comunidades y a nivel estatal, la estabilidad parece un seguro de 2018. No obstante, las mayores amenazas vienen desde fuera. Por un lado, por los efectos que tendrá el recientemente pactado Brexit sobre la economía nacional, ya que afecta directamente a las exportaciones e importaciones. Por otro, la dificultad de formar gobierno en Alemania, líder de la UE, en caso de que se prolongue, tendrá consecuencias en las economías continentales.