Apple abre el debate sobre la armonización fiscal en Europa

Los Veintiocho no cuentan con ningún tipo mínimo común en el Impuesto de Sociedades.

La multa récord impuesta por Bruselas esta semana al gigante tecnológico Apple supone el inicio de una cruenta batalla. Pero, más allá del largo y tortuoso periplo judicial que se adivina y del daño para la imagen pública de la multinacional de la manzana, se abren numerosos interrogantes sobre la necesidad de una mayor armonización fiscal dentro del club comunitario. Un debate, por otra parte, eterno. Irlanda cuenta con uno de los impuestos de sociedades más bajos de la UE, uno de los principales puntales del antes admirado milagro económico vivido en las últimas décadas por el definido como tigre celta. Un gigante con pies de barro tras el estallido de la burbuja y la petición de rescate europeo en 2010 que, sin embargo, no conllevó la exigencia por parte de los socios europeos del alza de este tributo ante la necesidad de más ingresos.

Georgios Petropoulos, investigador del «think tank» Bruegel, con sede en Bruselas, considera que es necesaria una «mayor coordinación entre la presión fiscal y los incentivos de los diferentes capitales. Deberíamos movernos en la dirección de una mayor unión fiscal que, sin embargo, tenga en cuenta las diferentes características de los Estados miembros». Un cascabel al gato que no parece fácil de poner. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, recordó que esta multa de 13.000 millones de euros no estaba poniendo en cuestión la soberanía fiscal de los Estados sino las ayudas de Estado ilegales.

La Comisión Europea exige a Irlanda la recuperación de los impuestos impagados por parte de Apple, no porque el Impuesto de Sociedades esté situado en el 12,5% sino porque, según el Ejecutivo comunitario, la multinacional, gracias a un ejercicio de ingeniería financiera ilegal amparado por Dublín a través de los acuerdos fiscales ad hoc («tax rulings» en inglés) –Apple pagó por los ingresos generados tan sólo un 1% en 2003– consiguió ir reduciendo paulatinamente esta cantidad hasta el 0,005 en 2014. Unos números, que por otra parte, el directo ejecutivo de la multinacional, Tim Cook, niega y los tacha de «basura política».

A pesar de esto, Petropoulos considera que un «mínimo armonizado de Impuesto de Sociedades hubiese hecho más difícil para Irlanda poner en marcha un acuerdo de este tipo». Hellen Miller, directora asociada del Instituto de Estudios Fiscales, con sede en Londres, apunta a la dificultad de llegar a un acuerdo de este tipo entre los Estados miembros (se necesita la unanimidad en temas fiscales), ya que daría lugar a «perdedores y ganadores» y cree que el debate ahora debería centrarse en la definición de ayudas de Estado ilegales.

La Comisión Europea, desde el año 2013, ha lanzado una ofensiva para evitar la evasión fiscal que, según sus cálculos, supone pérdidas que ascienden a un billón de euros anuales. La última propuesta de abril de este año pretende que las multinacionales ofrezcan información pormenorizada de sus ganancias antes y después de impuestos de todos los países en los que operan (la cifra general en el caso de terceros países y detallada para los paraísos fiscales). En marzo, los Veintiocho llegaron a un acuerdo para el intercambio de información automática dentro de los países europeos. Se pretende poner coto a la sofisticada ingeniería fiscal llevada a cabo por las multinacionales, que a través de la transferencia artificial de ingresos entre sus filiales y la sede de la empresa, a veces muy difícil de demostrar, consiguen tributar en aquellos territorios más laxos y, en los casos en los que este engranaje es declarado ilegal, no pagar impuestos en ningún sitio. A pesar de esto, no hay una propuesta firme para imponer un mínimo común en el Impuesto de Sociedades en la UE, al igual que sucede por ejemplo en el caso del IVA (15%).

Petropoulos hace notar la contradicción en la que viven los Veintiocho que, debido a la disparidad del Impuesto de Sociedades, se enfrentan a distorsiones por las ventajas que esto acarrea. «Mientras las normas sobre Competencia son uniformes, las fiscales son diferentes». Por eso, para este investigador, las autoridades nacionales pueden considerar legales ciertas ayudas consideradas como ilegales por Bruselas. «La asimetría entre los sistemas nacionales y las normas europeas pueden crear tensiones. Necesitamos ir hacia un sistema más simétrico por el bien y el futuro de la Unión», asegura el experto.

A este conflicto se enfrenta ahora mismo Irlanda, que hizo público el viernes su intención de recurrir ante la Justicia Europea la decisión del Ejecutivo comunitario y que se niega a comenzar a recaudar los 13.000 millones de euros que le exige Bruselas y con los que podría pagar su gasto sanitario durante un año. Cork, ciudad elegida como sede por parte de Apple y que registra todos los beneficios de los puntos de la multinacional en Europa, era una zona deprimida antes del desembarco del gigante estadounidense. Según datos de la propia compañía, es responsable de 6.000 puestos de trabajo en Irlanda y 22.000 en toda Europa. No es fácil predecir los efectos de la multa impuesta por Bruselas. Miller considera que puede ser un «desincentivo» para las inversiones en Europa, ya que supone el preludio de mayores impuestos.