Autónomos y pymes ya aplazan el pago del IVA hasta cobrar las facturas

Los autónomos y las pymes ya pueden acogerse al denominado como IVA de caja, que les permitirá pagar el impuesto cuando cobren la factura y no en el momento de emitirla, como sucedía hasta ahora. Ésta es la principal novedad de la Ley de Emprendedores, que entró en vigor ayer y que, según los cálculos del Gobierno, puede beneficiar a 1,3 millones de autónomos y un millón de pymes.

El IVA de caja sustituye así al criterio del devengo, por el que las pymes y los autónomos tenían que abonar el impuesto normalmente en el momento de emitir la factura sin haberla cobrado. El aumento de la morosidad registrado por este colectivo en los últimos años generó un grave problema de liquidez en las empresas y en los profesionales, y la nueva normativa permitirá una mayor flexibilidad de tesorería en estos sectores.

Negocio inferior a dos millones

Los requisitos para acogerse al IVA de caja establecen que el volumen de negocio anual de la pyme o el autónomo interesado en aplicarla debe ser inferior a los dos millones de euros, y obligará a los profesionales a anotar en un libro de registro contable las fechas de cobro y pago de las facturas como medida adicional para reducir el fraude fiscal, otro de los «caballos de batalla» del Ministerio de Hacienda.

El departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro señaló ayer en una nota de prensa que «la medida va más allá de lo realizado» por países como «Alemania, Suecia o Portugal, que tienen limitado este régimen a empresarios con cifras de negocio inferiores a los 500.000 euros».

Hasta el pasado mes de noviembre de 2013 –últimos datos disponibles–, había dados de alta en la Seguridad Social un total de 3.042.596 autónomos, lo que supone un incremento de cerca de 45.000 profesionales respecto a los registrados hasta el cierre de marzo del año pasado. Según las cifras que maneja el Gobierno, casi el 43% de los autónomos españoles –1,3 millones, aproximadamente– cumplen los requisitos exigidos para poder beneficiarse del IVA de caja.

Según los últimos datos del Ministerio de Industria, en nuestro país había hasta el 1 de enero de 2012 un total de 3.191.416 pequeñas y medianas empresas (pymes, con menos de 249 trabajadores). La cifra se redujo ligeramente en 2012 y 2013, pero permite calcular que más del 30% de las pymes españolas podrán acogerse al IVA de caja a partir.

Junto con este nuevo régimen, la Ley de Emprendedores también contempla nuevas ventajas fiscales selectivas para pymes y autónomos a partir del presente ejercicio, lo que el Gobierno considera la primera parte de la reforma fiscal que prepara, y que se decidirá en primavera después de que el grupo de expertos emita su informe sobre la materia, previsto para el 28 de febrero como fecha límite. En concreto, las empresas con una facturación inferior a 10 millones de euros podrán deducirse hasta un 10 por ciento de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se reinviertan en la actividad económica, informa Ep.

Además, la Ley de Emprendedores permite que las deducciones por I+D+i que puedan aplicarse en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema de devoluciones, que se empezará a aplicar ya en los gastos realizados en 2013, pudiéndose empezar a cobrar en 2015.

Además, la nueva normativa establece un nuevo incentivo fiscal en el IRPF (el 20% sobre una base máxima de 50.000 euros) a favor de los denominados como «business angels», personas interesadas en aportar sólo capital para el inicio de una actividad o «capital semilla».

No obstante, el Ejecutivo elevará este año otra vez la carga tributaria al sector privado español con las medidas sobre tributos medioambientales aprobados a finales de junio, entre los que destaca el impuesto a los gases fluorados.

El año que comenzó ayer será el de mayor esfuerzo fiscal exigido por el Gobierno a la población española en toda la historia democrática de nuestro país, y no será hasta 2015, año de elecciones, cuando el Ejecutivo recorte los tipos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el primer aumento de impuestos que aplicó el Gobierno nada más tomar posesión en diciembre de 2011.