Bruselas ultima otra multa a Google de hasta 9.000 millones

La Comisión censura al gigante tecnológico por el uso que hace de Android.

El Gobierno Bruselas continúa su ofensiva contra Google. Según adelanta «Financial Times», el Ejecutivo comunitario está ultimando una multa multimillonaria contra el buscador estadounidense. Bruselas considera que Google está llevando a cabo prácticas anticompetitivas a través de la utilización del sistema operativo Android que se encuentra instalado en un 80% de los móviles inteligentes del mundo y que permite la conexión a internet. La investigación contra Google por este asunto comenzó en abril del año 2015 y, un año después, la Comisión Europea se reafirmó con un pliego de cargos contra el gigante tecnológico.

Todavía se desconoce la cuantía de la multa a la que podría enfrentarse Google. El Gobierno comunitario puede sancionar con hasta 9.000 millones de euros a la compañía tecnológica, el 10% de la facturación de Alphabet. Hasta ahora, la multa de mayor cuantía impuesta por Bruselas fue precisamente a Google por el abuso de su posición de dominio en el servicio de comparación de productos Google Shooping. Con la multa de 2.400 millones de euros, Bruselas batió un récord en la cuantía de las sanciones por abuso de posición de dominio anteriormente ocupado hasta el momento por Intel, que tuvo que enfrentarse a una sanción de 1.060 millones de euros.

Según el Ejecutivo comunitario, Google obliga a los fabricantes de teléfonos móviles a utilizar su sistema operativo y preinstalar todas sus aplicaciones: Gmail, Youtube, Chrome, Google Maps. La dirección General de Competencia comandada por Margrethe Vestager acusa a Google de imponer a los fabricantes de móviles y tabletas a que se comprometan en exclusiva a utilizar sus aplicaciones a través de incentivos financieros y a no realizar cambios en este sistema operativo que Google teoricamente pone a disposición de manera abierta.

Bruselas sospecha que Google ha conseguido consolidar la situación de Chrome como el líder del mercado socavando la libre elección de los consumidores y las posibilidades de los navegadores rivales de desarrollar la tecnología con la que poder competir en el mercado.

Llueve sobre mojado. En junio del año pasado, Bruselas sancionó a Google por el servicio de comparativa de precios. La dirección de Competencia de la Comisión rastreó 1.700 millones de consultas en Google y llegó a la conclusión de que el buscador no era neutro en la selección de contenidos: coloca en una situación de preeminencia a sus propios servicios de Google Shopping y oculta otra información de servicios competidores, lo que acaba perjudicando a la libertad de elección de los usuarios.

Pero esta multa anunciada por el rotativo «Financial Times» y que se confirmará en las próximas semanas puede no ser la definitiva. Google se enfrenta a un tercer caso ya que Bruselas también sospecha que restringe de forma injustificada el acceso a los competidores de los sitios webs que usan la barra de búsqueda.

Parece que la guerra será cruenta. Las discrepancias entre Bruselas y Google comenzaron hace ocho años cuando el español Joaquín Almunia era el máximo responsable de la todopoderosa cartera de Competencia. Durante ese periodo, Bruselas intentó llegar a acuerdos con el gigante estadounidense como modo de evitar las sanciones. La llegada al Ejecutivo de Vestager cambió las tornas. La política danesa ha preferido cambiar de estrategia y dividir las prácticas de presunto abuso del mercado en diferentes dosieres. Este nuevo modus operandi ha permitido al Gobierno comunitario ir avanzando en los diferentes casos y evitar las parálisis de la anterior etapa. Pase lo que pase, el caso Google marcará el mandato de Vestager, una de las comisarias más populares y cuyo nombre suena como posible sucesora de Juncker.

La cruzada del Ejecutivo comunitario contra los gigantes tecnológicos estadounidenses no termina aquí. La Comisión Europea ha propuesto que todos los países europeos adopten un nuevo impuesto conocido como tasa Google con el propósito de gravar las actividades de estas multinacionales. Bruselas pretende recaudar 4.500 millones de euros al año. Este impuesto tan sólo afectaría a las compañías que facturan más de 750 millones de euros a nivel mundial.