Cañete se plantea unificar la política agraria en España

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quiere que la aplicación de la futura PAC en España sea a nivel nacional y pretende evitar que existan 17 políticas agrarias diferentes, una en cada Comunidad Autónoma. En declaraciones a LA RAZÓN, Cañete ha manifestado que pondrá esta tesis encima de la mesa en las negociaciones que van a tener lugar en los próximos meses en el seno de la conferencia sectorial de Agricultura, en la que participan altos cargos de su departamento y los consejeros de Agricultura de cada gobierno autonómico. Por el contrario, algunos de estos últimos han planteado ya que, al igual que en la UE se va a dejar a los Estados miembros margen de maniobra para aplicar los acuerdos de la reforma de la PAC, aquí se conceda a cada región un «sobre autonómico» con el que financiar una política agraria propia, respetando los principios generales que se hayan fijado en Bruselas. Éste será uno de los puntos más polémicos a discutir durante la negociación «hispano española», que se desarrollará una vez que se cierre todo en la capital comunitaria.

Mientras tanto, los agricultores y ganaderos españoles, igual que sus colegas de los otros Estados miembros de la UE, tendrán que esperar hasta finales de este año o principios del próximo para conocer de forma aproximada el importe de las ayudas directas de la PAC que percibirán en el periodo 2015-20. La aprobación el pasado martes por parte de los ministros de Agricultura de la UE de su primer compromiso político sobre la reforma de la PAC abre ahora la puerta a un nuevo proceso de negociación, en este caso a tres bandas, con el Parlamento Europeo, que hace dos semanas ratificó su dictamen sobre este asunto, y con la Comisión, para cerrar un acuerdo definitivo. La delegación irlandesa, que ostenta durante este semestre la presidencia del Consejo de Ministros, quiere alcanzar este objetivo a finales de junio como muy tarde, Sin embargo, tal y como están las cosas, no hay garantías de que eso vaya a suceder.

Una vez que se haya logrado este pacto entre las tres instituciones comunitarias, corresponderá a la Comisión Europea desarrollar los reglamentos correspondientes, hecho que sucederá a lo largo del segundo semestre de este año, siempre y cuando se cumplan las previsiones actuales.

Cuando todo esté cerrado en Bruselas, llegará el turno a los organismos pagadores de cada uno de los Estados miembros, que deberán abrir el procedimiento para fijar el importe del pago de base y de las ayudas complementarias que recibirá cada uno de los beneficiarios. En el caso de España también habrá que contar con las decisiones que se adopten en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura, que afectarán especialmente al reparto del dinero para las ayudas acopladas entre los distintos sectores implicados.