Cataluña amenaza con sancionar a Cabify y Uber abandona Valencia

La Generalitat la multará con hasta 54.000 euros por los VTC que incumplan la ley. La entrada en vigor de la nueva normativa de precontratación ahuyenta a la compañía

La Generalitat mantiene su particular guerra con las plataformas de vehículos VTC y ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Cabify y amenaza con abrir otros 50 más al considerar que la empresa no se adapta al decreto que obliga a precontratar el servicio de vehículos de alquiler con conductor con una antelación mínima de 15 minutos, lo que podría suponer sanciones de hasta 54.000 euros. La Consellería de Transportes ha finalizado el expediente informativo que abrió a la empresa y constatado que ésta no se adapta a lo que establece el decreto. Entiende que es ilegal el argumento esgrimido por la compañía por el que la precontratación solo se hace la primera vez que el cliente utiliza el servicio.

La Generalitat, que ha instado a Cabify a que cumpla con la normativa vigente, exigió que la empresa les facilitara todos los servicios realizados entre el 7 y el 10 de marzo y, en base a esta información, va a abrir 50 expedientes sancionadores, que se suman a los cuatro que ya están abiertos. Aunque todavía no se ha determinado la multa de cada expediente, cada uno de ellos podría alcanzar los mil euros.

Cabify ya ha confirmado que recurrirá cualquier sanción que le impongan y expresó que su "modelo de negocio como empresa de transporte se ajusta a la normativa autonómica". Además, recuerda que presta servicio en Cataluña a través de su filial Prestige & Limousine y que sigue operando con normalidad en Barcelona, donde tiene 250.000 usuarios.

Por otro lado, la compañía seguirá operando en Valencia y Alicante a pesar de que desde el 1 de junio entra en vigor la nueva normativa de la Generalitat valenciana para los VTC, que siguiendo la misma estela de Cataluña obliga a contratar el servicio con una antelación de al menos 15 minutos. No lo hará así Uber, que anunció ayer que dejará de operar en Valencia desde este fin de semana. Cabify, al igual que hizo cuando modificó su negocio en Barcelona, manifiesta que "esta decisión no implica la conformidad de la compañía con la nueva regulación en Valencia", que estima "altamente perjudicial para la movilidad y la libertad de elección de los usuarios".

Unauto, la patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor, ha cifrado en 166 millones de euros las reclamaciones que la Generalitat Valenciana podría tener que afrontar por la nueva normativa aprobada para el sector. La asociación estima este importe por los posibles costes de expropiación derivados de la restricción de la actividad de las VTC.