Cinco años del rescate que hizo temblar a España

La recapitalización de nuestro sistema financiero asciende a 40.000 millones: 2.200 euros por familia.

El rescate de Bankia continúa simbolizando para muchos españoles el momento clave del colapso del sistema financiero español. No porque su reflotamiento fuera incomparablemente más caro que el del resto de las cajas: en Bankia se inyectaron 22.424 millones de euros, mientras que a Catalunya Caixa y Novacaixagalicia se les transfirieron conjuntamente 21.104 millones. Tampoco porque el tamaño de su pufo fuera superior al del resto de las entidades: Bankia necesitó un capital equivalente al 8,3% de su activo para salir adelante, mientras que Novacaixagalicia requirió una transfusión del equivalente al 17,1% de su activo, Catalunya Caixa una del 19,1% y Banco de Valencia una del 28,3%.

La razón por la que se colocó el foco mediático sobre Bankia fue que se trataba de uno de los bancos más importantes del sistema financiero español: una entidad de ésas tradicionalmente consideradas «sistémicas» para el resto de la economía. A saber, si Bankia caía, caíamos todos. De hecho, por aquel entonces, la mismísima solvencia del Estado llegó a ser cuestionada: la recapitalización de esta entidad sistémica no pudo ser afrontada en solitario por el Tesoro emitiendo deuda; y tuvo que ser la propia Unión Europea la que acudiera al rescate del Reino de España mediante una línea de crédito extraordinaria.

Ahora, cinco años después, aquella historia de terror nos parece enormemente lejana. La economía española ha corregido la mayor parte de sus desequilibrios —entre ellos, el de su sector financiero— y, en consecuencia, el crecimiento y las expectativas positivas han regresado con firmeza. Sin duda, el nuevo equipo gestor de Bankia tras el rescate merece parte del crédito de este saneamiento general: habiendo recibido, en términos relativos, bastante menos capital público que otras cajas —menos de la mitad que Novacaixagalicia o Catalunya Caixa— han conseguido purgar a la entidad de sus errores del pasado y convertirla en viable sin necesidad de seguir conectada al cordón umbilical de la asistencia estatal (todo lo cual, por cierto, sólo nos lleva a recordar que el Gobierno todavía ha de privatizar Bankia para recuperar parte del dinero inyectado).

Sin embargo, cometeríamos un error si pensáramos que este final aparentemente feliz legitima de algún modo el rescate previo de todas estas cajas a costa del contribuyente. No lo hace, porque existían alternativas razonables con las que podríamos haber logrado resultados muy parecidos a un coste muy inferior para el contribuyente: en concreto, el Gobierno podría haber aprobado en 2012 un bail-in de nuestras entidades financieras, esto es, la aplicación de quitas sobre sus acreedores así como la conversión en acciones de parte de sus títulos de deuda. Mediante esa operación —actualmente ratificada por la legislación comunitaria para articular el reflotamiento de nuevas entidades financieras en problemas—, la banca española podría haber evitado igualmente una liquidación desordenada sin necesidad de extraerle recursos del contribuyente.

Unos recursos que, no lo olvidemos, no han sido menores: de acuerdo con el Banco de España, el coste de la recapitalización estatal de nuestro sistema financiero ha ascendido a casi 40.000 millones de euros, unos 2.200 euros por familia. Ese es el dinero que todos los ciudadanos nos hemos visto forzar a inyectar a los bancos, que en gran parte no nos será devuelto y que podríamos habernos ahorrado de haber aplicado el bail-in. No se hizo y, pese a que las consecuencias no han sido ni mucho menos tan nefastas como lo habría sido dejar quebrar sin más a la banca, al final hemos pagado justos por pecadores.