Claridad

Es difícil culpar a Montoro por tratar de calmar la frustración pública por la falta de grandes avances contra el fraude fiscal, que es para una parte importante de la población un símbolo de la impunidad que alimenta la actual crisis económica, política y social. Con alguna sonada excepción, prácticamente no hay nombres propios entre las grandes empresas y ejecutivos de alto nivel procesados por delitos económicos, cuya responsabilidad se ve habitualmente diluida en vehículos de inversión y entramados mercantiles ampliamente aceptados como instrumentos de «planificación fiscal».

Sin embargo, la clave en la lucha contra el fraude se encuentra en dotar con mayores medios humanos y económicos la actividad inspectora y de prevención, en una coordinación efectiva entre los diferentes óganos de control y administraciones. El listón está muy alto, sobre todo cuando los grandes defraudadores siguen el sofisticado consejo de sus asesores legales y contables, por lo que se hace necesario replicar las experiencias positivas de coordinación entre la inspección de Hacienda, Policía y jueces, que se ha demostrado como la más eficaz, con unidades especialmente dotadas y dedicadas a la persecución de delitos de gran fraude económico. Quizás el trabajo diligente y discreto de estos profesionales no atraiga grandes titulares, que sin duda nos brindará un listado de defraudadores, pero ganará condenas y declaraciones de culpabilidad.

Cualquier ejercicio de transparencia debe ser bienvenido, siempre dentro de los límites de las más exquisitas garantías legales, pero conformarse con la publicación de un listado parece poco ambicioso para un Gobierno que se tome en serio y sin complejos la lucha contra el fraude. Más leyes pueden servir para poner el foco de atención sobre esta cuestión, pero no van a servir por sí mismas para hacer el trabajo de prevención e inspección.