Competencia carga contra el "decreto Ábalos"y pide más VTC

El organismo considera que la regulación del Gobierno "perjudica a los usuarios"y pide a las regiones que regulen para que los VTC sigan operando en las ciudades en el futuro.

La Comisión Nacional de las Mercados y la Competencia (CNMC) cargó ayer contra las últimas reformas legales introducidas por el Gobierno para regular la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC). En concreto, Competencia considera que el Real Decreto-ley del 28 de septiembre del pasado año contiene restricciones tanto al taxi como a los VTC que «perjudican innecesariamente a los usuarios finales, al limitar artificialmente el número de taxis y VTC y la capacidad de ambos para mejorar y desarrollar nuevos servicios en beneficio de los ciudadanos». Según la CNMC, el «decreto Ábalos» privará a los VTC actuales «de la posibilidad de realizar recorridos urbanos y aumentará la segmentación del mercado por comunidades autónomas».

Estas limitaciones «generarán efectos negativos para los usuarios» antes incluso de que concluya el periodo transitorio de cuatro años por la pérdida de competencia, que se traducirá previsiblemente «en mayores precios, mayores tiempos de espera y menor calidad en los servicios de taxi y VTC».

Competencia recomienda que durante la tramitación como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados prevalezca la libertad de empresa para proteger el interés general. En cualquier caso, la CNMC pide a las comunidades autónomas que desarrollen normativa a la mayor brevedad posible «para que puedan seguir prestándose servicios de VTC urbanos en el futuro».

También solicita a los ayuntamientos que eviten discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación –caso del acuerdo alcanzado por la Generalitat catalana con las patronales del taxi para que los VTC deban precontatarse con una hora de antelación–, así como en los horarios, calendario, características de los vehículos y estacionamiento de los mismos.

En el informe sobre la normativa reguladora de taxis y VTC emitido ayer por el organismo regulador de la competencia se solicita también que las comunidades autónomas y entidades locales revisen las restricciones a la regulación del taxi, eliminando todas las restricciones que les impiden mejorar la calidad del servicio y recomienda «revisar las restricciones al número de licencias de taxis y VTC».

Operar en otras regiones

Asimismo, la CNMC estima conveniente posibilitar en el futuro que los VTC puedan prestar servicios no sólo en su región de origen sino en todo el territorio nacional sin restricciones.

La petición de la CNMC a las comunidades autónomas para que legislen a favor de garantizar la supervivencia de Cabify y Uber en las principales ciudades españolas coincide con la expresada ayer por el líder del PP, Pablo Casado, favorable a liberalizar el sector, tanto el taxi como los VTC. Casado pidió que los taxistas «puedan operar todos los días, usar plataformas tecnológicas e incluso salir de su ámbito municipal». Durante su visita a Fitur, el líder popular reclamó que se atiendan a «los posibles fondos de compensación para aquellos que han comprado una licencia y que ahora pueden ver en riesgo el rédito económico de la misma».

El líder del PP aludió a la información publicada ayer por LA RAZÓN en la que se avanza que las VTC reclamarán más de 4.000 millones de euros a la administración si hubiera que «expropiar» estas licencias.

A este respecto, abrió la posibilidad de recomprar las licencias del taxi. «Las VTC ya han propuesto un fondo de capitalización para compensar a los taxistas de manera que puedan operar todos en igualdad de condiciones», indicó en declaraciones recogidas por Ep, para añadir que, en ese caso, el Estado «en vez de pagar 4.000 millones de indemnización pagaría muchos menos» y no sería para «acabar con un sector», sino para hacerlo más competitivo.

Casado denunció también la innacción del Gobierno «pasando la pelota» a las comunidades autónomas ante un asunto que debe ser «competencia nacional». En este sentido, tachó al Ejecutivo de «irresponsable» por «eludir su responsabilidad» y exigió que «no ceda al chantaje».

Sin embargo, el Gobierno mantiene que sean las regiones las que regulen el sector de acuerdo a su «marco competencial», según reiteró ayer la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.