Corta vida a las zonas mineras

Las regiones que más carbón producen, concentradas en el norte, se mantienen en la incertidumbre. Aún no se sabe qué ocurrirá con ellas cuando se cierren las centrales. De esta manera, esperan la implantación de estrategias de transición económica y laboral

El principal problema de la descarbonización es qué hacer con las zonas donde el carbón es una de las principales fuentes de vida y de empleo. Una vez cierren las centrales, las consecuencias en estas regiones pueden ser perjudiciales si no se acometen planes de transición. Los trabajadores ya han mostrado su preocupación, así como los representantes políticos de las áreas afectadas, concentradas en el norte del país.

El jueves tuvo lugar una sesión parlamentaria en la que el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expuso las dudas que mantiene la sociedad asturiana sobre el proceso de descarbonización. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió que la Ley del Cambio Climático creará un marco de transición que «dará una respuesta integral e integrada a estas realidades complejas», por lo que el proceso será «justo».

Sin embargo, desde su propio partido, el PSOE, ya se ha opuesto al ritmo rápido que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha impuesto a la descarbonización. El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández (PSOE), ha manifestado su intención de que un diálogo con Bruselas pueda «prolongar la vida de las explotaciones mineras, sin que haya que proceder a la devolución de las ayudas recibidas, lo que supondría su cierre inmediato».

Además de Asturias, otra de las regiones que más está notando la descarbonización está siendo León (que cuenta con las centrales de Anllares, Compostilla y La Robla), donde «el empleo en el sector se está reduciendo mucho, lo cual ya venía sucediendo por la despoblación en la zona», apuntan desde el Instituto Geológico y Minero de España.

Protestas

Ante la aún ausencia de seguridad de una transición adecuada, y con el objetivo de alargar la vida de las centrales, los empleados ya han iniciado las protestas. De esta manera, los trabajadores auxiliares de Compostilla han creado una plataforma en oposición a la descarbonización, mientras en Anllares han protestado por el despido de algunos de los compañeros.

Para que el empleo no se destruya, sino que se traslade del sector minero hacia otros, se han presentado diferentes alternativas. Un informe de Abay Analistas para Greenpeace España, acerca de la transición en la cuenca minera de Teruel (donde destaca la central del municipio de Andorra), ha estudiado las consecuencias que ha tenido en la zona el Plan Miner, impulsado por el Gobierno de Aragón para el desarrollo alternativo de las comarcas dependientes del carbón.

El programa consiste en la inversión en proyectos empresariales, y en el estudio se sostiene que esto ha conllevado un crecimiento del sector industrial que ha ayudado a diversificar la economía de la región. No obstante, también se señala la necesidad de centrarse en que, más allá de la industria, las diferentes actividades mantengan un crecimiento armónico, por lo que «un mayor avance del sector agroalimentario y, sobre todo, de los servicios, presentaría efectos positivos».

Alternativas

El cierre de la central de Andorra podría suponer la pérdida de 580 puestos de trabajo directos, cifra que se ampliaría hasta 4.000 empleos indirectos. Y una de las estrategias para que la sangría en el mercado laboral de la zona no sea tan abultada, es la apuesta convencida por las fuentes de energía que sí tendrán permiso para operar en el futuro, las renovables. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha proyectos de parques eólicos en las cuencas mineras, con los que rescatarían a casi dos centenares de trabajadores del carbón. Es decir, se recolocaría a los empleados en el mismo sector.

Las propuestas, a pesar de esto, todavía no son de suficiente magnitud. Así, el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán (PSOE), ha reclamado a la ministra Ribera «sensibilidad». Y añadió que «sería una temeridad cerrar la central de Andorra hasta que no se encuentren alternativas a la economía del carbón».

Este año finaliza el plan 2013-2018 para la minería del carbón y las comarcas mineras, dentro del cual se encontraba una de las líneas de actuación marcadas por el anterior gobierno. Ésta se trataba de un programa de ayudas dotadas de 250 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras y de 150 millones de euros para proyectos empresariales. El destino de todo este gasto era acabar con la evidente desventaja competitiva con la que se encontrarán dichas regiones una vez cerradas las centrales.

Sin embargo, a largo plazo, las inversiones necesarias para esta transición energética serán aún mayores. Pues cuando nos referimos al proceso de descarbonización, no solamente hay que tener en cuenta el propio carbón. De fondo, la meta es, comentan desde el Instituto Geológico y Minero de España, «eliminar la presencia del carbono en todo el sector eléctrico, para lo que se reduciría también el consumo de petróleo y gas, es decir, de combustibles fósiles. El uso de los mismos en España, no ha sufrido una rebaja abrupta en porcentajes de energía primaria consumida debido a la crisis».

Aunque de aquí en adelante se espera que comience la sustitución de las mencionadas fuentes de energía, por otras de carácter más renovables. Por lo tanto, la transición a medio plazo se llevará a cabo en más comarcas que las que se dedican exclusivamente al carbón. Por este motivo, las medidas que el Gobierno tendrá que poner en marcha, con todo, transformarán el sector eléctrico español, y las regiones que ahora lo sostienen.