«El contrabando de tabaco es un crimen trasnacional que requiere medidas»

El protocolo de la OMS ofrecerá nuevas iniciativas en la lucha contra el mercado ilícito de tabaco, un negocio que llena los bolsillos de organizaciones criminales.

El 29 de septiembre entrará en vigor en España el Protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco, que proporcionará nuevas herramientas para la lucha contra esta lacra. Para analizar las consecuencias positivas que traerá consigo en todo el mundo y analizar la situación actual del contrabando de tabaco en nuestro país, LA RAZÓN organizó en la sede del periódico un debate entre Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, y Jesús Catalán, jefe de Investigación de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, ambos relevantes expertos en la materia.

Peligros

Desde el año 2005, la OMS lleva proponiendo medidas destinadas no solamente a la lucha contra las actividades ilegales que rodean al tabaco, sino también para que la población deje de fumar. Antes de analizar los efectos que se esperan de la inminente entrada en vigor del Protocolo, conviene repasar la situación actual del mercado ilícito de productos de tabaco en nuestro país.

Hoy en día, casi el 10% del comercio mundial de cigarrillos proviene del contrabando, una cifra que se eleva hasta más del 50% en países con una menor recaudación de ingresos y con un marco jurídico endeble. Por lo tanto, se calcula que la actividad ilegal de este producto genera unas pérdidas millonarias para los gobiernos de todo el mundo, los cuales dejan de recaudar más de 30.000 millones de dólares de ingresos fiscales al año.

El contrabando de tabaco no sólo genera consecuencias económicas negativas para los estados, sino que también suponen un peligro para la salud pública –muchos de estos cigarrillos no pasan por los estándares de calidad– y una oportunidad de oro para las organizaciones criminales que, a su vez, financian otras actividades delictivas.

Obligaciones

El Protocolo de la Organización Mundial de la Salud surge, por consiguiente, como una solución a estos problemas mencionados. A su vez, está legalmente vinculado al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT) y basado en su artículo número 15. Según Rocío Ingelmo, este conjunto de normas permitirá «luchar contra toda actividad del comercio ilícito del tabaco». Para ello se establecen algunas obligaciones orientadas al control de la cadena de suministro que todo gobierno que esté adscrito deberá cumplir. La obligatoriedad de poseer una licencia para la venta de tabaco será una novedad «muy importante» para muchos países. No así en Penísula y Baleares que con el actual sistema del monopolio minorista solamente se puede comprar tabaco en los estancos y en las máquinas de «vending» autorizadas.

Una de las medidas más significativas para Jesús Catalán es el sistema de trazabilidad que se va a poner en práctica con el protocolo. Dicho sistema permite trazar los sucesivos pasos que se dan en la cadena de logística desde que se produce el tabaco hasta en el momento en que se desvía ilegalmente. Por lo tanto, el investigador puede saber en todo momento dónde está cada producto para saber si se está cumpliendo con la normativa, y también facilita su labor cuando se produce una detención y necesitan averiguar los pasos previos que se han dado. «Es lo que se conoce comúnmente en inglés como “tracking and tracing”», afirmó.

Cambiar normativas

Para que el protocolo entrase en vigor, necesitaba un total de 40 firmas de instituciones que no se habían conseguido hasta hace varias semanas. Sin embargo, muchos países de la Unión Europea todavía no se han adscrito. Estados muy importantes como Italia, Bélgica y Holanda no han ratificado su compromiso, un hecho calificado como «asombroso» por la directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis. Sin embargo, el jefe de Investigación de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera explicó que no se trata de una falta de «voluntad política», sino que el problema radica en que cambiar las normativas actuales de los países –algunas incluso de carácter constitucional– requiere de mucho tiempo. La respuesta de España al protocolo ha sido muy rápida. No obstante, precisó, que «se está trabajando para incorporar a nuestro ordenamiento aquellas obligaciones que establece el Protocolo». Otros gobiernos como el de Reino Unido, uno de los países con mayor volumen de contrabando de Europa, han tardado más tiempo en amoldar su normativa.

Los dos intervinientes coincidieron en que los beneficios del Protocolo serán directamente proporcionales al aumento de gobiernos que se adhieran al mismo y consigan coordinarse de una manera efectiva. Además, Ingelmo señaló la relevancia que supondría para la lucha contra el contrabando que países africanos, donde el precio del tabaco es muy barato, se unan también.

Durante el debate se señaló a Andorra y a Gibraltar como las dos principales puertas de entrada y salida de contrabando de tabaco en España. En los últimos meses, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha reforzado la seguridad y la videovigilancia en los pasos fronterizos con la instalación de cámaras en vehículos camuflados y un dron con detector de movimiento. «En muchos países se tiene que mejorar el sistema de represión porque siempre va a haber criminales. Por eso es crucial tener un marco jurídico eficaz», opinó Jesús Catalán.

La lucha contra el comercio ilícito del tabaco o de cualquier otro producto no sólo involucra a los gobiernos y a sus correspondientes instituciones, sino también a las empresas que fabrican o participan en el proceso de elaboración del artículo. La representante de Altadis, una compañía que en el año 2015 fundó la plataforma «No Contrabando» para informar de todo lo relativo al mercado ilícito, recordó la relevancia que tiene el comportamiento ético de las empresas. «Los códigos de conducta de las compañías son muy importantes. Tenemos una obligación de estimar la demanda que se ofrece», señaló. Asimismo, recordó que en Europa «no está bien visto» que la industria tabaquera tenga relación con los estados miembro, y que debe ser la comisión europea anti fraude (Olaf) la que decida qué se hace con los acuerdos. Unos acuerdos que, bajo el punto de vista de Jesús Catalán, «demostrarán» su eficacia.

Aprehensión histórica

El mercado ilícito de tabaco en nuestro país ha aumentado ligeramente durante todo el 2017, año en el que, precisamente, la Agencia Tributaria logró su mayor aprehensión histórica de tabaco de contrabando con la incautación de unos tres millones de cajetillas en aguas cercanas a la bahía de Cádiz.

El jefe de investigación de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera calculó que el porcentaje de cigarrillos ilícitos que se mueven en España se sitúa en torno al 8% sin tener en cuenta la incidencia del consumo no doméstico, que son aquellas cajetillas que posiblemente tengan un origen legal a pesar de no pertenecer al mercado interno y que representan el 1% del consumo total.

Se prevé, asimismo, que una vez que entre en vigor el Protocolo el próximo mes de septiembre, se consiga aminorar la tendencia alcista de los últimos años. Ambos se mostraron confíados en que sea un instrumento eficaz en la lucha contra toda actividad ilegal que rodea al tabaco.