El coste del AVE para el Estado es sólo un tercio de la inversión total

La red de alta velocidad española, la segunda más extensa del mundo tras la china, con más de 3.000 kilómetros, ha tenido un coste aproximado de 45.000 millones de euros. Sin embargo, para el Estado, el coste real de la misma apenas ha alcanzado los 12.500 millones. De las arcas públicas han salido 35.000 millones. Los otros 10.000 han procedido de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea (UE), de los que España se ha beneficiado durante muchos años desde su adhesión efectiva en 1986.

¿De dónde sale el resto del ahorro? Del retorno fiscal. Por cada euro que se invierte en infraestructuras, el Estado recupera 49 céntimos, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ATKearney recoge también en sus trabajos sobre el estado de las infraestructuras en España.

Treinta céntimos los recupera a través del IVA y otros impuestos como el IRPF o el Impuesto de Sociedades.

Otros diez céntimos proceden de las prestaciones por desempleo que las arcas públicas se ahorran. Y otros 0,09 céntimos de las cotizaciones sociales que las empresas pagan por sus trabajadores.

En vista de estos cálculos, fuentes del sector de la construcción sostienen que la inversión en AVE no constituye un despilfarro, como algunos argumentan. «Si por ese coste (12.500 millones) tenemos una red de alta velocidad modélica, creo que hemos hecho las cosas bien», afirman estas fuentes, que defienden que se ha hecho en el momento adecuado, aprovechando los fondos de Bruselas.

«Nadie discute la existencia de la red de Cercanías o el metro y tampoco son rentables, no cubren gastos. Pero las infraestructuras de este tipo no pueden ser medidas sólo en términos de rentabilidad económica», argumentan. Países como Estados Unidos o Reino Unido tienen previsto construir redes de alta velocidad y España está sirviendo de ejemplo para muchos países. «Si fuera tan malo, no lo querrían otros», concluye.

El informe de la consultora destaca la capacidad que la construcción de este tipo de infraestructuras tiene para generar valor añadido. De cada euro invertido, se generan 1,9 euros de actividad económica en España. Además, genera 14 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, sólo superado por la agricultura, ganadería y pesca, con 24 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido y es el sector productivo que requiere menos importaciones.