El Estado abonará las nuevas carreteras de forma diferida en varios años

El programa extraordinario de 5.000 millones que ha presentado Rajoy prevé que las constructoras adelanten la financiación. El sistema traslada el riesgo a las compañías y evita que el déficit crezca. El Gobierno pedirá fondos europeos para el proyecto.

Después de siete años de nubarrones, las constructoras comienzan a atisbar algunos rayos de sol en la obra pública española. El plan extraordinario público-privado de inversión en carreteras (PIC) que ha presentado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha devuelto el optimismo a uno de los sectores más castigados por la crisis. La iniciativa, que movilizará 5.000 millones de euros, se asentará sobre el pilar que ya anunció el pasado mes de abril el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna: las compañías adelantarán los fondos para construir las carreteras y el Estado pagará después las vías. Los ciudadanos no desembolsarán ni un céntimo en forma de peajes, como ha recalcado el ministro.

Pago por disponibilidad

El pago no se hará de una sola vez ni inmediatamente después de que la carretera esté terminada, sino que se optará por el sistema conocido como pago por disponibilidad. El método, utilizado en otros países como Holanda, prevé que la constructora obtenga la financiación necesaria para la construcción, explotación y mantenimiento de la vía por un determinado periodo de tiempo, comprometiéndose a mantener unos estándares de calidad y servicio. El Estado se compromete a cambio a pagar la infraestructura a lo largo del plazo de concesión que establece el contrato y se reserva la opción de penalizar a la cocesionaria si no cumple con los estándares negociados.

Como explican fuentes del sector, aunque las constructoras asumen con este método el riesgo de la construcción y disposición de la infraestructura, también se garantizan actividad y los ingresos derivados de la misma.

Para el Estado, el beneficio es doble. Por un lado, fragmentan el pago del proyecto en varios años, lo que le evita tener que realizar un fuerte desembolso inicial perjudicial para el déficit en una momento en que las cuentas públicas todavía están descuadradas. Además, se liberan recursos con los que acometer el mantenimiento de otras carreteras de la red necesitadas de conservación y la construcción de otras nuevas. Como ha reconocido De la Serna, «el presupuesto de Fomento para 2017 cuenta con partidas para acometer las obras de AVE en marcha, pero las de carreteras están marcadas por el ajuste del presupuesto».

Las fuentes consultadas aseguran que fondos o bancos no serán las únicas fuentes de financiación a las que se recurrirá. El Estado tratará de obtener fondos de la UE para los proyectos.

No es la primera vez que un Gobierno recurre a un sistema de este tipo para financiar una infraestructura. El más reciente es el de la autovía Benavente-Zamora, inaugurada en mayo de 2015. Un consorcio formado por Cintra (Ferrovial), Acciona y el fondo Meridiam asumió la construcción y explotación de la vía por un periodo de 30 años, asumiendo el coste financiero y de explotación de la vía. A cambio, el Estado abonará 998 millones de euros al consorcio durante el periodo de concesión.

Antecedentes

En los periodos 1997-2002 y en 2004, los entonces ministros de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos y Magdalena Álvarez, también recurrieron al denominado «método alemán» para financiar infraestructuras. El sistema, ideado por Alemania en la época del Tratado de Maastrich para cumplir con las estrictas metas de déficit fijadas en el acuerdo para formar parte de la unión monetaria, implica que el adjudicatario del contrato adelanta la construcción y los gastos pertinentes a su costa, para cobrar el precio ofertado al entregar la infraestructura finalizada y lista para operar.

Aunque las primeras beneficiarias de este empujón a la colaboración público-privada serán las carreteras, el PIC es sólo el primer eslabón de un programa de colaboración más ambicioso, que abarcará también la ejecución de obras del AVE e hidráulicas, según informa Ep. Entre los proyectos ferroviarios que se sopesa acometer con capital privado figuran algunas obras del Corredor Mediterráneo y de la «Y» vasca, o del AVE a Murcia.

La reactivación de los planes de inversión público-privados ha sido muy bien acogida por el sector constructor, que viene trabajando desde principios de año con el Ministerio de Fomento para ponerlo en marcha. Lo consideran «un éxito» tras el largo declive inversor que ha vivido la obra pública por mor de la crisis y que se ha extendido hasta este mismo años. La licitación de obra pública se situó en los cinco primeros meses del año en 3.632 millones de euros, un 0,6 % menos que en el mismo periodo de 2016, según datos de Seopan, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias. Sin embargo, hay diferencias notables entre la obra civil, capítulo en el que la licitación se redujo un 14,9%, y la edificación, apartado en el que creció un 28,6%. En el caso concreto del Ministerio de Fomento, el importe licitado descendió un 73,6% en los cinco primeros meses del presente ejercicio. La evolución en mayo ha sido más positiva. Según el departamento que dirige Íñigo de la Serna, la licitación del Grupo Fomento, que incluye al ministerio y a sus entidades públicas, ascendió en ese mes a 211,2 millones de euros, un 89,5% más que en mayo de 2016.

Presentación

Al acto de presentación del PIC, que se celebrará el Palacio de La Moncloa, asistirán los presidentes de las principales constructoras españolas: Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Manuel Manrique (Sacyr), Juan Villa Mir (OHL), José Manuel Entrecanales (Acciona) y Carlos Jarque (FCC). También estará presente el presidente de Seopan, Julián Núñez. La patronal ha verbalizado en los últimos años los deseos del sector de poner en marcha un plan de este tipo para relanzar la obra pública. Según sus estimaciones, España debería acometer una inversión de 103.780 millones de euros para acometer 814 proyectos prioritarios de infraestructuras.