El FMI rebaja su previsión para España y exige a Sánchez más medidas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento de la economía española para 2018, hasta el 2,5 %.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado en dos décimas su previsión de crecimiento de la economía española para 2018, hasta el 2,5 %, y advierte de que si se prorroga el presupuesto de este año el déficit se podría desviar hasta el 2,4 % del PIB en 2019.

"La economía española sigue recuperando el terreno perdido durante la crisis", reconoce el FMI en el informe anual sobre España difundido hoy, aunque apunta que ya ha superado el pico del ciclo y que el ritmo de crecimiento se moderará hasta el 2,5 % este año, el 2,2 % en 2019 y así progresivamente hasta el 1,75 % a medio plazo.

La previsión para 2018 es una décima inferior a lo previsto por el Gobierno y según el FMI responde al debilitamiento de las fuerzas cíclicas y un entorno externo menos propicio.

Cerrar la brecha entre las capacidades productivas de las diferentes autonomías permitiría elevar el PIB en 1,4 puntos adicionales, para lo que habría que adaptar más la formación de los trabajadores a la demanda del mercado e impulsar la inversión en investigación y desarrollo. Así lo asegura el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe en el que ha analizado los motivos por los que la productividad difiere hasta en un 60 % entre unas comunidades autónomas y otras y en su conjunto es un 10 % inferior a la alemana.

En el texto se asegura que si las comunidades autónomas cuya productividad es inferior a la media nacional (once de ellas, con Castilla-La Mancha a la cabeza) alcanzar esa cota el PIB español crecería un 1,4 % más, al tiempo que si todas alcanzaran su máximo potencial productivo el incremento sería del 4 %.

La disparidad geográfica es tal que, según datos del FMI, en 2016 las regiones más ricas generaron el doble de renta per capita que las más pobres, al tiempo que los empleados de las más productivas produjeron cerca de un 50 % más que los de las más pobres.

Una de las razones es el nivel educativo, ya que cerca del 40 % de la fuerza laboral tiene, como máximo, el primer ciclo de secundaria inferior, lo que supone uno de los porcentajes más elevados de la zona euro, sólo por detrás de Portugal y Malta.

Además, la dispersión geográfica es muy amplia, con porcentajes que varían entre el 25 % del País Vasco y el 50 % de Extremadura, lo que a su vez se traduce en una falta de conexión entre las habilidades de la fuerza laboral y las competencias que reclama el mercado.

Esa falta de conexión es más aguda en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, y menos en Madrid, País Vasco y Asturias.

Por ello, el FMI ve fundamental impulsar medidas para reducir las tasas de abandono escolar y aumentar la colaboración entre el sector privado y las universidades para que el mercado laboral esté más presente en la educación superior, lo que ayudaría a reducir el porcentaje de gente que no encuentra trabajo por falta de la formación adecuada.

Igualmente aconseja que las comunidades se coordinen para copiar entre ellas las mejores prácticas y lograr así que no haya tanta disparidad regional en resultados educativos, y que impulsen más políticas activas para que la formación de las personas en paro se ajuste más a las necesidades del mercado.

Al respecto, el FMI apunta que el gasto español en formación bien enfocada es inferior al de otros países europeos, aunque confía en que la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 pueda mejorar este aspecto.

Otro punto débil que observa el organismo internacional es la escasa inversión en investigación y desarrollo, que también difiere mucho entre comunidades, de forma que cuatro de ellas invierten más que todas las demás juntas.

Igualmente, observa que la mayoría de las comunidades utilizan las tecnologías disponibles de manera ineficiente, de forma que sólo cinco de ellas superan la media nacional del ratio de patentes por dinero invertido en I+D.

Para solventarlo, recomienda una mayor coordinación entre los diferentes niveles administrativos para, entre otras medidas, diseñar, implementar y evaluar políticas de I+D que aumenten la eficiencia del gasto en esta materia.

También aboga por fomentar la cooperación entre el ámbito científico y el empresarial para fortalecer los esfuerzos del Gobierno para mejorar la capacidad innovadora de las comunidades y mejorar el entorno empresarial, lo que ayudaría a las comunidades a atraer inversión directa extranjera y acelerar así su adopción de innovaciones de otros países.