El Gobierno apoya la extracción de crudo y gas por «fracking»

El Gobierno abrió ayer la puerta a la utilización de las técnicas de fracturación hidráulica («fracking») en la búsqueda de recursos de hidrocarburos en España.

El Gobierno abrió ayer la puerta a la utilización de las técnicas de fracturación hidráulica («fracking») en la búsqueda de recursos de hidrocarburos en España. Lo hizo con un plan de incentivos tributarios y no tributarios para que las comunidades autónomas, ayuntamientos y los propietarios de terrenos se beneficien de parte del nuevo impuesto, que rondaría el 7%, sobre el valor de la producción de petróleo y gas. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó al término del Consejo de Ministros las modificaciones sobre la Ley de Hidrocarburos, de 1998, «para establecer tributos que graven el valor de la producción de hidrocarburos, sea petróleo, sea gas o sean las dos cosas, y que una parte de los recursos públicos así obtenidos reviertan directamente en las arcas de las comunidades autónomas y de las entidades locales que estén en el ámbito territorial» de las explotaciones. El tributo gravará la exploración y, en su caso, la explotación de hidrocarburos sobre el valor de la producción que se extraiga. Si la extracción se realiza en el mar, se beneficiará la comunidad autónoma más próxima al yacimiento. Además, se incrementa el canon de ocupación que ya pagan las empresas que tienen autorizaciones para llevar a cabo prospecciones y explotaciones y se establece un retorno del 1% del valor de la producción anual para los propietarios de los subsuelos de los terrenos donde tiene lugar la explotación de hidrocarburos.

La batería de medidas es una apuesta decidida del Gobierno en la búsqueda de recursos que reduzcan la dependencia energética de España. Para ello, el Ejecutivo quiere asegurarse los beneficios en empleo y recaudación para las localidades y regiones donde hay recursos potenciales.

Cinco comunidades autónomas –La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía– han legislado contra la fracturación hidráulica, una técnica controvertida por sus posibles impactos medioambientales en los acuíferos y la generación de sismos. No obstante, el Gobierno apeló al Tribunal Constitucional, que ya ha anulado las normas cántabra y riojana con la premisa de que la ordenación del sector energético y, del subsector gasístico, es una competencia exclusiva del Estado. En el caso de la prohibición del «fracking» en Cataluña, el TC ordenó el pasado 19 de noviembre la suspensión provisional de la norma.

El Ejecutivo tiene sobre la mesa los informes que aseguran que, en un escenario intermedio, España dispone de 2.000 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep y 2.500 billones de metros cúbicos de gas (bcm). La demanda de petróleo y de gas natural en 2012 se aproximó a los 400 millones de barriles equivalentes de crudo y a 34.000 de millones de metros cúbicos de gas. Esto supondría, en el caso del gas natural, un nivel de recursos superior a 70 veces la demanda anual. En 2040, el año de mayor producción estimada y de permitirse la explotación, el impacto sobre el PIB de los recursos propios de hidrocarburos equivaldría al 4,3% del PIB (44.403 millones de euros), mayor que el de otras actividades como el transporte o el sector primario.

Si se explotaran estos recursos de forma masiva cuanto antes y hasta el año 2065, cuando se estima que podrían agotarse, el importe de estas extracciones superaría el billón de euros, equivalente al PIB actual de todo un año. Pero además, en el año de mayor creación de empleo, siempre en la hipótesis base, el «boom» petrolero y gasista podría generar 260.000 empleos a tiempo completo, entre directos e indirectos.

Durante más de 20 años, España dispondría de un saldo neto exportador de gas y reduciriría las importaciones nacionales de crudo un 20%. La contribución neta a la balanza comercial igualaría al nivel de déficit actual en un plazo de 15 años y alcanzaría un valor máximo superior a los 40.000 millones de euros en 2040.

Un escenario demasiado jugoso que se desprende de un exhaustivo informe de la auditora Deloitte para la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción y Almacenamiento de Hidrocarburos (ACEIP). Un documento que, pese a estar elaborado «ad hoc» para el «lobby» petrolero y gasista, ha llevado al Ejecutivo a plantearse esta cuestión: ¿puede España desperdiciar estos recursos? La respuesta es clara en favor de la exploración, ya que la factura energética es de 153 millones de euros al día. Es decir, la dependencia de las importaciones de hidrocarburos (el 99% de las necesidades viene de fuera) supone que España se «coma» prácticamente lo que ingresa por el turismo.

Las técnicas de «fracking» han abaratado y simplificado tanto el proceso de sondeo y extracción que decenas de empresas y consorcios se plantean lanzarse al «boom» petrolero a imagen y semejanza de lo ocurrido en EE UU, donde la fractura hidráulica ha resultado un éxito y ha garantizado su independencia energética total hasta el punto de convertir a EE UU en exportador neto de gas. Un «boom» que parece ser la principal causa de la caída de los precios del crudo y de que la OPEP esté decidida a mantener el barril a un precio en el que el «fracking» deja de ser rentable.