El Gobierno congela el sueldo a los funcionarios y les da otro moscoso

Los funcionarios tendrán su sueldo congelado en 2015, por quinto año consecutivo, salvo decisión política en contra, y el Gobierno estudia la fórmula menos costosa para compensar al colectivo antes de las elecciones autonómicas, locales y generales del año que viene. Además de duplicar la tasa de reposición de empleados públicos en Sanidad, Educación o en la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda también devolverá el año que viene a los empleados públicos el último de los tres «moscosos» perdidos en 2012, según pudo saber LA RAZÓN.

El Ejecutivo se guarda también la posibilidad de incluir una retribución variable vinculada a productividad en los salarios de los funcionarios de determinadas áreas y también estudia devolver la paga extra de 2012.

El escenario que pronosticaba el principal sindicato de los empleados públicos (CSI-F) en la víspera será una realidad el año que viene, ya que el Ejecutivo no atenderá, salvo decisión de última hora, la petición del colectivo de subir la parte fija del salario en los Presupuestos de 2015. Por quinto año consecutivo, los funcionarios tendrán congelado su salario en pleno proceso de reducción del gasto para cumplir con el objetivo de déficit del 4,2% del PIB.

Para controlar el descontento del colectivo de empleados públicos, formado por casi tres millones de personas con derecho a voto en las próximas elecciones, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya adelantó tras el último Consejo de Ministros que el Ministerio de Hacienda planea elevar por encima del 10% la tasa de reposición en áreas como la Educación, la Sanidad y la lucha contra el fraude. Según adelantó LA RAZÓN el pasado sábado, el Ejecutivo se plantea duplicar los relevos en las citadas áreas, de forma que se cubriría una de cada cinco bajas, frente a la cobertura actual de una de cada diez.

Los barones autonómicos, principalmente del PP, pidieron el pasado verano al Gobierno que hiciese un «guiño» salarial a los funcionarios antes de las elecciones, y el propio Ejecutivo también va a necesitar el respaldo de los empleados públicos de cara a los comicios generales.

Por su parte, CSI-F exigió el lunes al Gobierno que devuelva a los funcionarios la paga extra que perdieron en 2012, pero «en metálico y no en aportaciones a los planes de pensiones», advirtió su presidente, Miguel Borra. El Ejecutivo también estudia la posibilidad de realizar una devolución prorrateada de esta partida a partir de 2015.

Poco margen

A pesar de las intenciones del Gobierno con los funcionarios, lo cierto es que el Estado cuenta con poco margen para el dispendio. De hecho, en la «hoja de ruta» del Gobierno para reducir el gasto público en más de 50.000 millones de euros (el 4,8% del PIB) hasta 2017, el volumen de la masa salarial del Estado figura como una de las principales partidas a recortar. Este capítulo y el del gasto corriente representarán cerca del 60% del ajuste total en los próximos tres años, con una disminución de unos 30.000 millones entre 2014 y 2017.

En términos globales, y según los últimos datos de ejecución presupuestaria, el coste anual total de la masa salarial de la Administración acumula una caída del 7,65% desde 2009. Si hace cinco años los funcionarios representaban un gasto de 125.710 millones de euros, el pasado ejercicio la cifra se redujo hasta los 116.090 millones.

Pero este recorte no es homogéneo en toda la Administración, ya que mientras que en el Estado central la remuneración de asalariados descendió en tasa interanual casi un 20% en los primeros siete meses del año, en las comunidades autónomas la comparativa respecto a 2013 arroja una subida del 0,57% hasta mayo. Las corporaciones locales y la Seguridad Social también registraron descensos en los primeros meses del ejercicio respecto a hace un año, en línea con la política de austeridad exigida desde Bruselas.

Las CC AA emplean a más del triple de trabajadores que el Estado central, con 1.585.500 funcionarios a cierre de 2013, según el Encuesta de Población Activa (EPA). En el Estado central, la cifra cerró el pasado ejercicio en 510.600 personas, mientras que en las corporaciones locales el número ascendió hasta las 608.800 empleados.