El Gobierno destinará 4.000 millones más en 2017 para las pensiones

Montoro fija un calendario para sacar adelante las cuentas con el fin de dejar retratados a los partidos políticos que exigen más gasto

El Gobierno tiene ya en mente el calendario para tratar de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado: aprobarlos a finales de marzo, llevarlos al Congreso a principios de abril y votarlos en pleno a finales de abril. En concreto, el Consejo de Ministrospodría dar luz verde al proyecto de las cuentas el 31 de marzo, que se entregarían a la Cámara Baja el 3 o el 4 de abril. El proyecto será publicado después en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, para ser explicado en detalle en los días posteriores por los distintos ministerios. Se abrirá entonces un periodo para que los grupos parlamentarios decidan si presentan enmiendas de totalidad pidiendo la devolución del proyecto o no. Ese plazo podría acabar en torno al 20 de abril. Habría que esperar después hasta el 25 o 26 de abril, cuando se votarían esas enmiendas, para ver si prosigue la tramitación o por el contrario son devueltos al Gobierno.

Los presupuestos que presentará el Ejecutivo seguirán la misma línea que los grandes números enviados a la Unión Europea en la actualización del plan presupuestario para 2017. Seis de cada diez euros irán a parar a gastos sociales, como Educación (45.000 millones), Sanidad (69.000) y protección social (191.000). De esta última partida, el mayor desembolso, con más de 135.000 millones de euros gastados en 2016, corresponde a las pensiones. También se incluye el gasto en prestaciones por desempleo (18.600 millones) y otros servicios sociales, como la atención a los dependientes.

Esta partida de protección social aumentará en alrededor de 3.500 millones de euros en 2017, en comparación con el año pasado. Sin embargo, la evolución de los distintos gastos será muy dispar, pues mientras que se prevé un mayor gasto en pensiones, bajará el desembolso en desempleo por la mejora del mercado laboral. En 2016, el gasto en pensiones subió un 3%. De seguir la misma línea, en 2017 subiría en unos 4.000 millones. En el caso del desempleo, las prestaciones bajaron en 2016 un 9,5%, si bien se está ralentizando este descenso. Empezó el año cayendo un 10% y cerró en un 8%. Si en 2017 se redujese un 6%, el ahorro sería de 1.000 millones.

Dejar evidencias

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Hacienda y Función Pública pidió al PSOE que asuma sus «responsabilidades» y señaló que es este partido el que tiene la «mayor responsabilidad en habilitar que cuanto antes tengamos unos PGE para 2017 que tan necesarios son para la sociedad española».

Las prisas en presentar el proyecto de ley no son una necesidad de tipo económico. Bruselas conoce ya las líneas generales que van a presidir la política económica durante los tres próximos años y sabe que durante el presente ejercicio los números serán idénticos a los de 2016, al prorrogarse automáticamente las cuentas, en virtud del artículo 134 de la Constitución, cuando el 1 de enero no se han aprobado los números del ejercicio económico correspondiente en el Congreso.

Con la decisión de presentar los números en el plazo de un mes el Gobierno mueve ficha y trata de dejar retratados a los partidos políticos que no cesan de exigir demandas sociales que sólo conllevan un incremento del gasto público sin llevar aparejadas las contramedidas que lo soporten. Desde la izquierda y desde las comunidades autónomas que no gobierna el PP se reclaman subidas de las pensiones, ofertas públicas de empleo... que no pueden realizarse si no hay una ley de Presupuestos. Desde el Gobierno se piensa que apoyar los PGE 2017 acabaría con esas incógnitas

El PP ha acelerado en estos días las reuniones con todos los grupos parlamentarios, especialmente con aquellos que pueden asegurar la aprobación, como Ciudadanos, Coalición Canaria o PNV. El Partido Nacionalista Vasco, más bien el Gobierno vasco, está pendiente de negociar el cupo, la cantidad que tiene la comunidad que pagar al Gobierno central por los servicios que el Estado presta allí.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que las recomendaciones que ayer realizó la Comisión Europea no van a modificar nada de lo que el Gobierno presentó Bruselas en la actualización del Plan Presupuestario a principios de diciembre.