Las empresas decidirán cómo aplicar el control horario

Los sindicatos afirman que el Gobierno ha «desacafeinado» el decreto de registro de la jornada laboral

Los sindicatos han criticado el texto definitivo que recupera la obligatoriedad de que las empresas realicen un registro de la jornada laboral ya que ha quedado «descafeinado» para contentar a la patronal CEOE. Tanto CC OO como UGT consideran insuficiente el real decreto ley sobre protección social, empleabilidad y calidad en el empleo aprobado hoy por el Consejo de Ministros porque, a su juicio, no incluye medidas que hagan efectivo el control horario en las empresas. CC OO ha indicado en un comunicado que la falta de controles impide detectar los incumplimientos de las normas sobre duración de las jornadas «generalizados» que se producen en algunos sectores y los millones de horas extras sin retribuir ni cotizar.

En su opinión, esta carencia hace que calificar esta norma como una medida que lucha contra la precariedad laboral sea «un eufemismo». Para CC OO, el Gobierno no ha respetado el acuerdo con los sindicatos y ha «descafeinado» el texto de forma que «no garantiza la obligación de las empresas a tener un registro real». En la misma línea, UGT considera que la nueva norma carece de instrumentos necesarios para hacer efectivo el control horario y que deja su articulación «al albur de la negociación colectiva» o en manos del empresario. La propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido al término del Consejo de Ministros que la aplicación del registro en cada empresa quedará, en último término, a expensas de lo que decida el empresario.

La imposición del registro de la jornada laboral había contado con la negativa de la patronal. La CEOE había expresado en varias ocasiones que considera que «ya existen mecanismos de control horario» y que la implantación del registro supone «un cambio hacia lo antiguo». El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tachó de «antediluviana» esta medida en una entrevista con este diario.

El registro laboral, que las empresas deberán de conservar durante cuatro años, es una de las medidas que contemplaba la ya moribunda contrarreforma laboral que Sánchez pretendía presentar en campaña, junto a la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresa y la ultraactividad de los mismos (la prórroga automática de los convenios no renovados). Estas dos medidas, sin embargo, no han logrado los apoyos necesarios para salir adelante en la Diputación Permanente del Congreso.