El Gobierno logra el mayor recorte de gasto en personal en 5 años

Casi todos los debates que versan sobre la necesidad de recortar el gasto en cualquiera de las administraciones públicas acaban convergiendo en dos lugares comunes: pensionistas y funcionarios.

Casi todos los debates que versan sobre la necesidad de recortar el gasto en cualquiera de las administraciones públicas acaban convergiendo en dos lugares comunes: pensionistas y funcionarios. En mayor o menor medida, se acaba por cuestionar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la plantilla de trabajadores públicos.

El problema de los jubilados –ya hay menos de dos trabajadores por cada pensionista– se abordó la pasada legislatura con una reforma de las pensiones de implantación progresiva, cuestionada por insuficiente casi antes de nacer, por lo que el Pacto de Toledo trabaja ya en medidas adicionales. Pero la espinosa cuestión de los trabajadores públicos no se ha acometido con un plan específico, aunque sí se han ido tomando medidas, que han tenido como resultado que los fondos que tiene que destinar el Estado para sufragar las nóminas de estos trabajadores se hayan ido reduciendo a lo largo de la crisis.

El ajuste se notó de forma muy importante el pasado ejercicio. Según los datos que recoge el último boletín del Banco de España, entre enero y noviembre de 2012 la Administración Central destinó para remunerar a sus asalariados 17.056 millones de euros, 212 millones menos que en el mismo periodo del ejercicio precedente. La cifra es más del doble de los 94 millones de euros en que se redujo esta partida en el mismo periodo analizado entre los años 2010 y 2011. A pesar de este recorte, el gasto del Estado en salarios siguió por encima del que había cuando comenzó la crisis, pues en 2008 era de 16.624 millones de euros.

El goteo de medidas que han ido adelgazando el gasto en nóminas de los empleados de la Administración central comenzó en 2010. Cuando se hizo evidente que en lo que estaba inmersa España, como el resto de Europa, era en una recesión de colosales proporciones, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una batería de medidas de ajuste para reconducir las cuentas públicas que incluyó, entre otros ajustes, el recorte de un 5% de los salarios de los trabajadores públicos. A ello se sumó la polémica supresión el pasado ejercicio de la paga extra de Navidad, a la que se sumaron congelaciones salariales en los años 2011, 2012 y este mismo ejercicio.

Amortizar puestos

La consecuencia de todo ello ha sido que la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años ha sido del 30%, según los cálculos del sindicato del sector CSI-CSIF. El propio Banco de España, en su último boletín, reconoce que «la remuneración por asalariado registró una disminución interanual significativa como consecuencia del descenso de las retribuciones de los empleados públicos, lo que se ha traducido en una intensificación de la caída de los costes laborales unitarios». A estos ajustes salariales específicos se sumó, además, la modificación de tipos del IRPF aprobada por el Gobierno para todos los trabajadores.

La reducción de empleos públicos también ha tenido un efecto determinante en la disminución de este gasto. El recorte se ha producido por una doble vía. En primer lugar, con la salida de los trabajadores interinos, cuyo número han reducido de forma más que drástica todas las administraciones; en segundo, manteniendo a cero la tasa de reposición de funcionarios, es decir, amortizando los empleos de los que se jubilan.

La única excepción a esta última medida se ha producido en algunos servicios públicos esenciales, como los Educación, Sanidad o Seguridad, así como en la inspección contra el fraude.

Cambio de tendencia

La consecuencia de todas estas circunstancias es que en la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al cuarto trimestre de 2012, se produce, por primera vez en muchos años, una mayor destrucción de puestos de trabajo en asalariados públicos (-2,5%) que en el sector privado (-2,1%). De ellos, la mayoría fueron empleos temporales, 48.900, mientras que 25.600 eran indefinidos. Respecto al mismo trimestre de 2011, el número de ocupados en el sector público se redujo en 218.900 personas.

Ahora le toca el turno a los ayuntamientos

El Gobierno aprobará en las próximas semanas el anteproyecto de ley de Reforma de la Administración Local. El retraso en su presentación obedece a la intención del Ejecutivo de conseguir el mayor consenso posible en el seno de la federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el actual alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. El objetivo de esta ley, una de las que formarán parte de la reforma de las administraciones públicas, es ahorrar más de 3.500 millones de euros mediante la clarificación de las competencias municipales, autonómicas y estatales. Así, tras su aprobación, las competencias de sanidad y educación que estaban en manos de los ayuntamientos pasarán a formar parte de las competencias autonómicas. En un principio, el Gobierno no pretende la desaparición de ningún municipio, aunque sí se suprimirán entidades locales menores, como pedanías, parroquias y concejos. La ley reducirá el número de concejales que se elegirán en 2015 y los sueldos de alcaldes y presidentes de diputación, que no podrán ser superiores a los de los ministros. Se fijarán en función de las características del municipio y en su conjunto no podrán exceder el 0,6% del total presupuestado en un ejercicio para la localidad. Ningún municipio podrá gastar más de lo que se ingresa.