El Gobierno no cederá a las presiones de los sindicatos sobre los convenios colectivos

El Ejecutivo asegura que es «responsabilidad» de los agentes sociales desbloquear las negociaciones ante el cierre del plazo

Mañana acaba el plazo de un año que dio la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios colectivos. Los sindicatos vienen denunciando desde hace días que aún quedan 1.324 convenios pendientes de renovar que afectan a 1,8 millones de trabajadores, y urgen al Gobierno a que amplíe el plazo de negociación o, de lo contrario, muchos sectores y empresas dejarán de contar con convenio colectivo propio si no se negocia otro, lo que, en su opinión, «generá una litigiosidad judicial considerable». «A partir del 7 de julio y en lo sucesivo, cuando expiren los convenios colectivos que están atascados sin acuerdo, los juzgados de lo social se colapsarán ante las reclamaciones individuales que presentarán los empleados por pérdidas de derechos», expresó hace unos días el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Precisamente la reforma laboral de 2012 buscaba evitar que los convenios se anquilosaran y darles la oportunidad de adaptarlos a la realidad de las empresas, y es por ello que se limitó su plazo de negociación.

Y es que, como recuerdan los expertos, en algunos sectores y empresas todavía se mantienen convenios de los años 80. Limitar la prórroga automática de éstos, lo que se conoce como «ultraactividad», es, según el despacho laboralista Cuatrecasas ,«algo que había que hacer». «Existían convenios colectivos "zombis", nadie se reunía». «La ultraactividad ofrece la oportunidad de renovar convenios obsoletos», explica a LA RAZÓN Fernando Moreno, director del Instituto Internacional Cuatrecasas. Lejos de replantearse prorrogar el límite de un año dado por la reforma laboral, el Gobierno ha dicho a los agentes sociales que es «su responsabilidad» desbloquear la negociación colectiva.

Los representantes sindicales han denunciado que el acuerdo firmado con la patronal el pasado 23 de mayo para dar salida a los convenios pendientes está teniendo un cumplimiento «insuficiente» y ya hay patronales que han manifestado su intención de dar por vencido el convenio colectivo a partir del 8 de julio. ¿Qué pasaría entonces? Los agentes sociales pueden seguir negociando el convenio pasada esa fecha y, de no alcanzarse un acuerdo, recurrir a la mediación o al arbitraje voluntario. ¿Y qué ocurre si estas dos vías no dan resultado? El convenio perderá su vigencia y se deberá aplicar el de ámbito superior o, en su defecto, las normas laborales que recoge el Estatuto de los Trabajadores, que sólo fija las garantías laborales mínimas.

Esta situación, según el socio responsable del área laboral de KPMG Abogados, Miguel Cuenca, «puede originar una litigiosidad judicial grande». Aunque existe otra alternativa, según explicó Cuenca a este periódico, y es que los trabajadores contratados bajo el convenio caído mantengan sus condiciones laborales, siendo de aplicación el convenio superior sólo a los nuevos contratados. De todas formas, lo más aconsejable para él es que, «una vez finalicen los convenios, sindicatos y empresarios de mutuo acuerdo definan qué hacer o no hacer».

Entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios que afectaban a 3,5 millones de trabajadores, de los que a día de hoy quedan 1.324 pendientes de firma (el 53% de todos los cubiertos por los acuerdos denunciados) que afectan a 1,8 millones de trabajadores. De los convenios pendientes, la mayor parte corresponden al ámbito privado, 953, que afectan a 1,7 millones de trabajadores y son de sectores como los de aguas, consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito público aún permanecen abiertos 371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas como Paradores y astilleros.