El Gobierno se blinda ante futuras quiebras de concesiones

Limitará su responsabilidad patrimonial en el caso de rescates de autopistas de peaje

El Gobierno aprobó ayer una nueva regulación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración aplicable a las concesiones, fundamentalmente de infraestructuras. El Ejecutivo pretende blindarse así ante futuras quiebras de estas concesiones, como por ejemplo la que afecta a ocho autopistas de peaje. Pese a que desde el Ministerio de Fomento insisten en que no se va a rescatar a estas vías y que no costarán «ni un euro» a los ciudadanos, lo cierto es que desde el Gobierno se asume ya que habrá que desembolsar varios miles de millones de euros para evitar la liquidación de las autopistas.

Por eso, y para evitar futuros dolores de cabeza como los que le está causando el agujero negro en el que se han convertido las autopistas de peaje, el Gobierno ha decidido modificar la actual normativa de concesiones. Según informó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, esta medida representa una reforma de gran calado en la contratación pública. Con la normativa actual, si hay una resolución de la concesión, sea cual sea su causa, la Administración debe abonar a la concesionaria las inversiones que ha realizado. A partir de ahora, si la resolución se produce por una causa imputable al contratista, como ocurre en los casos de insolvencia o concurso de acreedores, la indemnización se determinará por el valor de mercado de la concesión, independientemente de la inversión que hubiese llevado a cabo la concesionaria. Si por razones de interés público y causa no imputable al contratista, la Administración acuerda la resolución de la concesión, se abonará al concesionario la inversión realizada como hasta ahora.

«Este nuevo régimen incentivará que se produzca un cálculo riguroso de las inversiones necesarias en la concesión y una mejor gestión, ya que el concesionario, si la resolución le es imputable, ya no tendrá garantizada la recuperación de la inversión», explicó el Gobierno tras el Consejo de Ministros. El valor de mercado se determinará mediante dos métodos. Si se licita de nuevo la concesión, el anterior gestor percibirá el valor en el que se haya adjudicado la misma en el procedimiento competitivo. Si no se vuelve a licitar la infraestructura, el valor se obtendrá mediante la actualización de los valores previstos atendiendo a los resultados de explotación (Ebitda) en los últimos tres años.

La medida no tendrá carácter retroactivo, por lo que no se podrá aplicar al rescate de las autopistas de peaje actualmente en quiebra. La ministra Ana Pastor ha planteado a las concesionarias y acreedores que entreguen las carreteras al Estado y asuman una quita de la deuda del 50%. El otro 50% sería asumido por una empresa pública que tomaría las riendas de las autopistas. Esta solución tendría un coste de unos 2.300 millones de euros para el contribuyente. La otra opción es aún peor. Según cálculos del sector, si los acreedores no aceptan esta propuesta y las vías terminan liquidándose, el Estado tendría que pagar unos 4.500 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

Además de estas ocho autopistas de pago, otras infraestructuras construidas mediante contratos de concesión con empresas privadas presentan actualmente problemas financieros o han sido devueltas al Estado. Es el caso del almacén de gas submarino Castor, situado frente a la costa de Vinaroz (Castellón). El Gobierno ha tenido que indemnizar a la empresa ACS con 1.350 millones de euros por el cierre de la instalación, relacionada con más de 500 terremotos. Algo similar ocurre con el túnel del AVE bajo los Pirineos. Su escaso uso ha llevado a la concesionaria –integrada por ACS y Eiffage– a solicitar el preconcurso de acreedores, debido a su nula rentabilidad.