El impuesto digital en el mundo: Europa marcha a dos velocidades

En España se pretende aprobar lo antes posible y en Italia entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Mientras, en Francia fue suspendido por el Tribunal Constitucional y en Alemania no se ha barajado la posibilidad.

Con el impuesto digital, España intenta situarse en la cresta de la tendencia europea y unirse a la lista de países que ya cuentan con esta figura fiscal. Otros, sin embargo, no han presentado novedades en este sentido. La Comisión Europea (CE) ha propuesto un tributo a las grandes empresas digitales para su futura aplicación en las naciones miembros, y calcula que entre todas podrían recaudar 5.000 millones de euros al año. El objetivo, que el continente no vaya a dos velocidades en cuanto a fiscalidad en la red.

La CE ha sugerido este impuesto destinado a tres actividades (las mismas que en España): el comercio electrónico (como Amazon); las operaciones entre particulares a través de plataformas que ofrecen un servicio de red de consumo (como AirBnb); y la compra venta de datos de usuarios residentes en la Unión Europea (UE), aunque la información sea vendida a países externos a la institución (como Facebook). De momento, los estados que cuentan con tributos digitales, están dirigidos a alguna de las actividades, pero no cubren todo el abanico.

En Portugal, Croacia, Bélgica, Rumanía, República Checa y Hungría existe una legislación que castiga fiscalmente el acceso al contenido digital mediante plataforma, es decir, la descarga de películas, series o música. Hungría, además, suma un impuesto a la publicidad en páginas webs, servicio que domina Google. Fuera de Europa, India también cuenta con este tributo, mientras que en ciertos estados de Estados Unidos se grava el acceso a determinados servicios digitales de transmisión.

Respecto a las grandes economías de la UE, Italia ha aprobado un impuesto del 3% a los servicios digitales establecidos en el país que, según mantienen fuentes de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), «se grava por medio de retención del pago a efectuar por el cliente». Sin embargo, no se espera que el impuesto entre en vigor hasta el 1 de enero de 2019, pero el ejercicio que viene se estima que ya recaude 114 millones de euros. En Reino Unido, por su parte, se ha discutido la posibilidad de implantar un tributo que iría en la línea del propuesto por la CE.

No se le espera

Francia estuvo cerca de disponer un impuesto parecido al que se estudia en España, pero el Tribunal Constitucional rechazó su validez en 2017. En la gran potencia europea, Alemania, «no existe ni se prevé nada a corto o medio plazo», afirman desde la Aedaf. En el país germano ha surgido una voz autorizada contraria al impuesto. El director general de la Asociación Federal de Industria Alemana, Joachin Lang, (BDI) ha asegurado que esta fiscalidad dañará más el consumo que beneficiará a las haciendas estatales. Además, añade, «con esta propuesta, la Comisión Europea corre el riesgo de exacerbar el conflicto comercial con EE UU».

Después de las amenazas arancelarias de su presidente, Donald Trump, a la importación de acero y aluminio europeo, se teme que el impuesto digital se interprete como una represalia en el país norteamericano. Este miedo lo justificó hace escasos días Bruselas con un informe en el que indicaba que «las tensiones comerciales son un riesgo negativo inequívoco. Una escalada sería muy dañina para el comercio global y la Zona Euro se vería particularmente vulnerable».

Y es que la mayoría de las empresas que sufrirán el impuesto digital proceden de Estados Unidos, y establecieron sus matrices en Europa con la idea de evitar elevadas cargas fiscales. Desde la Aedaf explican que «los principios que actualmente rigen la fiscalidad internacional se basan en el Modelo de Convenio para evitar la Doble Imposición y en las Directrices sobre Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)».

Abaratamiento fiscal

Estas directivas, continúan, «permiten a estos negocios digitales establecerse en las jurisdicciones europeas que ofrecen una buena oferta de mano de obra cualificada, grandes infraestructuras de comunicación y una fiscalidad más benigna sobre los beneficios empresariales obtenidos en territorio de la UE. Así, operan en todo el continente desde estos países, beneficiándose de las posibilidades que ofrece el mercado único de bienes y servicios en la UE. Entre otros, sobresalen especialmente Irlanda y Luxemburgo».

La OCDE, por lo tanto, contempla como sus países miembros emprenden una política fiscal que entronca con su permisividad a las empresas nortemaricanas. Para resolver la situación, ha abierto un periodo de debate que comenzará en el mes de julio. Será entonces cuando se reune un grupo de expertos que discutirá sobre la tributación de la economía digital. De las conclusiones obtenidas, se elaborará un informe provisional.

Posteriormente, ya en 2019, se entregará un estudio al G-20 para que entre todos los países que forman parte de este grupo, acuerden una tributación armonizada. España, se ha adelantado a todo este proceso. En opinión del socio de Life Abogados, Abel García, «nos estamos saliendo del compromiso de una fiscalidad equilibrada internacionalmente, y vamos por delante de un futuro en el que seguramente se vayan a tomar decisiones de diferente forma a como lo haremos nosotros ahora».

Consenso internacional

La proposición del Gobierno de España (y la de la CE), según la patronal de las empresas tecnológicas, Ametic, contradice otro «consenso internacional». Desde la asociación, mantienen que los estados acordaron (de manera simbólica) que la economía es un conjunto y, sin embargo, ahora están faltando a ese principio al diferenciar una «economía digital».

Y como la economía es indivisble, la Ametic sostiene que el impuesto propuesto por la CE traspasará la barrera de las actividades digitales, y su efecto se trasladará a todos los sectores: «Es muy posible que este impuesto se traslade al resto de secciones empresariales y de consumo, con el consiguiente incremento en el precio de los productos y servicios digitales y, por tanto, tendrá previsibles consecuencias negativas para los estados miembros de la Unión Europea». La CE, y países como España, han puesto a girar la moneda del impuesto digital, y sólo con el paso del tiempo se sabrá si cae de cara o de cruz.