El juez acusa a Rato y Blesa de «consentir y propiciar» el uso de tarjetas B

El instructor asegura que ambos presidentes usaron en provecho propio las «tarjetas opacas» por lo que les acusa de la comisión de un delito de administración desleal.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cree que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían «consentido, aceptado y propiciado» el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y uso en provecho propio de ‘tarjetas B’, que entregaron además a consejeros y directivos sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello.

El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este jueves en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal y les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres millones para Rato.

El instructor asegura que ambos presidentes utilizaron “en provecho propio” las tarjetas y las entregaron a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos, lo que “supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo”.

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el ‘caso Bankia’, preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.