El «liquidador» de Marsans pide la rebaja de su fianza histórica

El último dueño de Viajes Marsans, Ángel de Cabo, conocido en el mundo empresarial como «el liquidador», recurrió ayer la fianza de 50 millones de euros que le impuso el juez Eloy Velasco para poder librarse de la cárcel, en la que ingresó el miércoles pasado por urdir presuntamente una trama para ocultar los bienes del grupo y el patrimonio del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Además de De Cabo, que cuenta con la fianza más alta que se ha fijado en España hasta ahora, otros cuatro detenidos en la «operación Crucero» también presentaron sus recursos de reforma contra las distintas cantidades que les aplicó el magistrado, según informaron fuentes jurídicas. Entre éstos se encuentra la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, para quien la fianza establecida por el juez ascendía a 30 millones de euros. Por otra parte, también recurrieron su cuñado, Teodoro Garrido, y los supuestos testaferros Carmelo Estelles y José Pardo Manrique, para los que la cifra exigida era de 500.000 euros y que, como el resto, no abonaron todavía.

El pasado lunes fueron arrestadas nueve personas, entre ellas Díaz Ferrán, para el que el juez aplicó una fianza de 30 millones de euros, mientras que para la secretaria del «liquidador», Susana Mora, la redujo a 3.000 euros, que abonó el mismo día gracias a su «colaboración». Sólo uno de los detenidos salió en libertad, Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas, sobre todo, con Hacienda.

Al cierre de esta edición, Díaz Ferrán, que, como los demás imputados, ingresó el pasado miércoles en la prisión madrileña de Soto del Real, aún no había recurrido. Las enormes cantidades de las fianzas pueden explicarse porque, tras el traspaso de Marsans por parte del ex presidente de la CEOE a De Cabo, el empresario pudo detraer activos del grupo turístico por al menos 30 millones de euros, que al parecer habían beneficiado directamente a Díaz Ferrán. De hecho, en el auto de prisión del ex presidente de la patronal se desveló que desde 2010 había estado cobrando 100.000 euros mensuales del «liquidador», mientras su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, no había recibido al parecer ningún pago hasta su muerte. En total, Díaz Ferrán y Pascual podrían haber recibido 16 millones de euros como contraprestación por haber traspasado sus bienes personales y el grupo Marsans a De Cabo, quien supuestamente maquinó operaciones para repartir efectivos y patrimonio, detrayéndolos a sus legítimos acreedores.