El mediador no ve posible un pacto en la guerra de la estiba

El Gobierno ofrece garantizar el empleo mediante un «reglamento», pero advierte de que la propuesta sindical costaría 2.415 millones

Marcos Peña, el mediador designado por el Gobierno para deshacer el entuerto de la reforma de la estiba, presentó ayer la que será su última propuesta de mediación. Y lo hizo con el tono agridulce de quien ve muy lejano un acuerdo. Según el documento que Peña presentó a los sindicatos portuarios y a la patronal del sector (Anesco), al que tuvo acceso LA RAZÓN, Peña considera que el acuerdo «no es posible globalmente». «Estimo, por tanto, que debo concluir mi función», pese a lo cual presentó una última tentativa a las partes para cimentar una negociación que corre «riesgo de atasco innecesario».

Sin embargo, Peña señala como un escollo casi insalvable el encaje legal que demandan los estibadores para garantizarse «por decreto» sus empleos. «Esta complejidad hace aconsejable una técnica de regulación que combine la normativa estatal con la normativa convencional» para lograr facilitar la continuidad en el empleo de los actuales estibadores».

El mediador no obvió que las pretensiones de los estibadores chocan con la legislación europea y defendió en su propuesta que «aquellas empresas que opten por desarrollar su actividad laboral conforme al régimen jurídico común, al margen del sistema de ayudas, puedan hacerlo».

El texto, de 16 páginas, concluye que lo esencial para alcanzar el acuerdo es mantener el empleo «con el instrumento legal que se considere suficiente», comprometer la ayuda del Gobierno que se considere «suficiente» y contribuir a la mejora organizativa del sector «respetando la legalidad vigente».

Coste «inasumible»

Tras conocer la propuesta del mediador, el Gobierno suscribió la oferta realizada por Peña, que expira el próximo martes a las 13 horas, y anunció en un comunicado que «está dispuesto a elaborar un reglamento» para incluir el contenido de la resolución. El Ministerio de Fomento remarcó, una vez más, que uno de sus puntos principales, la subrogación por ley de los trabajadores no es posible, tal y como dejó patente el escrito de la comisaria europea de Transportes. Violeta Bulc advirtió en una carta remitida al ministro Íñigo de la Serna de que la subrogación «por decreto» choca con la normativa europea.

Además, Fomento subrayó que la aceptación de la diferencia salarial entre un trabajador nuevo y un trabajador subrogado y las jubilaciones anticipadas prolongadas en el tiempo hasta el dimensionamiento óptimo de la plantilla, contenidas en la propuesta de patronal y sindicatos, tendrían un coste «inasumible» para el erario público. Según la valoración realizada por el Ejecutivo, la cuantía alcanzaría los 2.415 millones de euros, «lo que supondría una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores del país». La propuesta inicial de ayudas del Ejecutivo se situaba en el entorno de los 120 millones de euros.