El PSOE pide al Gobierno que fomente el diálogo para apoyar el decreto

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La dirección del PSOE se pronunció ayer por primera vez de forma oficial sobre el conflicto de la estiba. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, criticó al Gobierno por aprobar en el Consejo de Ministros del viernes el decreto ley sobre la reforma del sector, que los socialistas no respaldarán en el Congreso si antes no se propicia un diálogo entre patronal y trabajadores. En declaraciones a la Cope, Jiménez arremetió contra la «torpeza» del Ejecutivo y advirtió de que esa decisión «va a provocar un perjuicio muy serio», porque lo que se tendría que haber hecho primero –a su juicio– es iniciar un proceso de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo antes de trasponer la normativa europea.

Según Jiménez, el Gobierno ha optado durante mucho tiempo por no hacer nada y ahora lo acomete «de la peor manera posible, empezando la casa por el tejado», regulando primero y que el hipotético acuerdo llegue después, «lo que va a complicar mucho las cosas». Por eso, y después de pedir al Ejecutivo que «lo haga por el orden lógico» y que intente propiciar un acuerdo en el sector, el dirigente socialista recalcó que el PSOE no respaldará el decreto ley del Consejo de Ministros, por entender que «no va por el buen camino». Frente a estas acusaciones, Fomento ha insistido en que ha mantenido contactos con los estibadores los dos últimos años y que ha incorporado al decreto las reivindicaciones que han sido posibles.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también hablaron ayer del conflicto. En sus comunidades están dos de los tres puertos más importantes de España: Valencia y Algeciras, respectivamente. Tras mantener una reunión en el Palau de la Generalitat, Puig afirmó que «la única vía de salida» a esta situación es el diálogo. El presidente valenciano lamentó que durante dos años ha habido una «enorme irresponsabilidad» por parte del Gobierno, al no afrontar un problema derivado de una sentencia de Europa al que había que dar «una solución» y que ya está teniendo un «coste grande» para la economía valenciana. La presidenta de la Junta de Andalucía se preguntó por qué ha tardado el Gobierno dos años en poner en marcha este decreto, y consideró que «no se ha querido» dialogar en este tiempo.