Empresas privadas perseguirán a los morosos de los ayuntamientos

Es la imposible cuadratura del círculo. Sobrevenida la crisis, las administraciones públicas se han visto en la obligación de recortar gastos e incrementar sus ingresos para sanear sus cuentas. En cualquier empresa, y también en el sector público, los gastos de personal son una de las partidas más abultadas. Y ahí han metido la tijera todos, incluidos los ayuntamientos. El problema es que los recortes han afectado a determinados servicios, como el de cobro de deudas vencidas, para el que muchas de las corporaciones locales no cuentan con medios. Para tratar de paliar esta deficiencia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) va a contratar empresas privadas de recobro. Su misión será cobrar las deudas vencidas pero no prescritas. En otras palabras, perseguir a los morosos que no pagan los impuestos municipales a tiempo. Quedarán fuera de su área de actuación las sanciones de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

El mecanismo, cuyos pliegos de licitación han sido ya publicados y que establece el viernes 27 de marzo como límite para la recepción de ofertas, se suscribirá a través de la Central de Contratación de la FEMP. Se trata de un servicio creado por la federación para contratar bienes y servicios que puedan ser utilizados de forma general por los ayuntamientos asociados. Aplicando economías de escala y estandarización, la central logra condiciones económicas más favorables para los consistorios que luego quieran utilizar el servicio. Además de perseguir a los morosos que no paguen las tasas municipales a tiempo, la medida también persigue «potenciar la recaudación ejecutiva de la deuda municipal pendiente de cobro», según aseguran los pliegos.

El servicio será financiado por aquellos ayuntamientos que se adhieran al mismo. No obstante, las empresas adjudicatarias tendrán que entregar a la FEMP «una cantidad variable correspondiente a un porcentaje del 0,5% anual del importe bruto anual facturado a las entidades locales adheridas, junto con los impuestos correspondientes», según los pliegos. En cualquier caso, la retribución nunca será inferior a una cantidad fija anual a 100.000 euros. La FEMP destinará estos fondos a los gastos derivados del contrato y al propio mantenimiento de la Central de Contratación.

Dado que la Federación tiene contabilizadas 7.229 entidades locales, el contrato no será adjudicado a una sola empresa de recobros. Lo que ha hecho es dividirlo en cinco correspondientes a otros tantos lotes por zonas geográficas. El más suculento es el que comprende los ayuntamientos de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, pues en estas comunidades se concentra una población de 27,1 millones de personas, el 33,6% del total, lo que implica un potencial volumen impositivo mayor.

Aunque la misión de las empresas contratadas será ayudar a los ayuntamientos a optimizar su recaudación, en ningún caso «la realización de las prestaciones implicará el ejercicio de autoridad por parte del adjudicatario». Su misión, como detalla el pliego técnico de la licitación, será la gestión de expedientes mediante procesos informáticos para conectar la información; y la gestión de la recaudación mediante notificaciones y diligencias que favorezcan la misma siempre que no invadan competencias de los funcionarios ni impliquen ejercicio de autoridad pública.

Según los últimos datos disponibles, los ayuntamientos tenían derechos pendientes de cobro por valor de 21.664 millones de euros al cierre de 2012. No obstante, en esta cantidad se incluyen, al margen de impuestos no cobrados, transferencias pendientes de otras administraciones.

A pesar de estos pagos no recibidos, las corporaciones locales han logrado reducir su endeudamiento en más de 2.000 millones de euros en 2014 y cerraron el ejercicio con un pasivo de 38.363 millones, según datos de esta semana del Banco de España.

Las multas de tráfico, servicio pionero

El cobro de multas de tráfico a extranjeros fue el servicio pionero de la FEMP de colaboración con empresas de recobro. Desde julio de 2012, una compañía privada se encarga de cobrar en el extranjero aquellas sanciones que son competencia de los ayuntamientos. De él se benefician las corporaciones que se han adherido al sistema implementado por la Central de Contratación. A este servicio se sumó el pasado 8 de enero otro para la asistencia técnica para gestión de multas en territorio nacional. De él se encargan tres compañías. El servicio no tiene coste adicional para la entidad local que lo haya contratado, pues los adjudicatarios obtienen un porcentaje de retribución en función de la recaudación lograda.