Empresas públicas: el cuento de nunca cerrar

Las comunidades autónomas no han cumplido con su compromiso de reducir el número de empresas públicas. Casi un año después de que el Gobierno las obligase a ello con el objetivo de rebajar el déficit, las cifras reflejan un reajuste del sector público que no se acerca a lo que prometieron. El día 1 de enero de 2012, las comunidades contaban con 2.326 empresas públicas. Seis meses después, esta cifra se situaba en 2.206, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda a 1 de julio de este año. Por lo tanto, sólo se habían eliminado 120 entes de los 675 previstos inicialmente para esa fecha.

A pesar de que los datos oficiales de Hacienda reflejan que Andalucía, con 370 empresas públicas, sólo redujo 2 desde enero hasta julio, la Junta detalló que a día de hoy cuenta con 120 entes más 94 consorcios Utdlt (Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo local y Tecnológico).

Aragón, en los seis primeros meses del año, lejos de reducir, aumentó hasta 10 empresas. No obstante, el Gobierno regional pretende reducir el 70% de las empresas en las que tiene participación directa o indirecta, con el fin de que se mantenga sólo 30.

Por su parte, Asturias, según las cifras de Hacienda, tiene solamente un ente menos, pero el Ejecutivo está dando sus primeros pasos en la reestructuración del sector público y, por ahora, se ha aprobado un anteproyecto que cuenta con algunas medidas como suprimir el Instituto Asturiano de Estadística, unificar bajo una sola directiva las entidades 112 Asturias y Bomberos, y revisar el objeto social de la empresa Serpa.

En las Islas Baleares, el año comenzó con 173 sociedades públicas. Aunque se preveía dejarlas en 75: a 1 de julio había eliminado tres.

En las Islas Canarias tampoco se ha cumplido lo fijado en un primer momento, puesto que aunque el Gobierno regional aprobó en febrero un plan cuyo objetivo era que el sector público empresarial redujese las sociedades mercantiles, a 1 de julio el total de empresas públicas ascendía a 95, sólo tres menos que al inicio del año.

Para Cantabria, el 31 de diciembre finalizará el plazo con el que contaba para reducir a 24 sus entes y organismos públicos, pero los últimos datos de Hacienda revelan que en julio contaba aún con 66 empresas.

Una de las autonomías que más ha ajustado su sector público es Castilla La-Mancha, que espera quedarse con 38 de los 55 entes que tenía a principios de año, aunque a mediados de 2012 sólo había suprimido uno.

En Castilla y León la situación prevista tras la reducción sería de 77 empresas públicas. A pesar de esto, la autonomía seguía manteniendo en julio 89 entes.

En Cataluña, el plan de austeridad que comenzó en 2011 tenía como objetivo reducir a 364 sus sociedades; los datos de julio de Hacienda revelan que aún siguen con 437. Sin embargo, y aunque el pasado julio se aprobó un acuerdo que facilitaría los procesos de desvinculación de entidades del sector público de la Generalitat, en el último año no se han ofrecido datos ni del número de empresas ni de los empleados afectados.

Por otra parte, el Gobierno valenciano anunció un plan de reestructuración de sus 152 empresas públicas que agrupa sus 46 sociedades en seis áreas temáticas, pero a 1 de julio seguía sin disolverse ninguna. La Junta de Extremadura fue, según el Ministerio de Hacienda, la única comunidad que en julio había cumplido lo prometido y situó sus empresas públicas en 69, una menos de las que tenía en enero.

En Galicia, el pasado noviembre se anunció una fase para reformar o eliminar 25 entes públicos de los 126 con los que contaba a principios del mes de julio. Con esta medida, la autonomía cumpliría con lo prometido de reducir a 100 sus sociedades.

Por su parte, los datos de Hacienda mostraban que Madrid contaba a 1 de julio con 172 empresas públicas, dos más de las que tenía a principios de año. Aún así, desde 2008, la comunidad ha eliminado 24 empresas, y 83 consorcios y fundaciones, además de prescindir del Defensor del Menor, según fuentes de la autonomía. Asimismo, en su estreno como presidente, Ignacio González anunció la supresión del Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y la de promoción internacional de la economía madrileña.

En Murcia, durante los seis primeros meses se redujeron seis entes públicos y, según el Gobierno regional, se acaba de aprobar el proyecto de ley en el que destacan medidas como la creación de la Agencia Tributaria Murciana, además de fusionar otras 4 empresas en 2. Asimismo, la figura del Defensor del Pueblo y la Entidad Pública del Transporte se integrarán en otros organismos.

En Navarra se anunció en noviembre de 2011 la reducción de un 66% del número de empresas públicas. Aún así, la autonomía incrementó sus empresas públicas en dos durante los seis primeros meses del año.

El Gobierno vasco anunció en 2009 un proceso de reformas que ha resultado en la reducción de 20 empresas públicas. Está por ver si el Gobierno del PNV adelgaza más esta red pública como se comprometió en la campaña electoral de octubre, donde no habló de reducir el número de sociedades pero sí del gasto en la Administración.

Finalmente, el Gobierno de La Rioja afirma que se han eliminado seis entes para mejorar la eficiencia en la gestión y ahorrar en gasto público, pero Hacienda, el 1 de julio de 2012, contabilizaba sólo una empresa menos que en enero.