«Es grave la falta de arraigo que tiene la FP en la conciencia social española»

Esta fundación de derecho privado que pertenece al sector público tiene como misión «dar soporte a las iniciativas del sistema de formación para el empleo: la gestión de las bonificaciones de las empresas que se aplican por dar formación a sus trabajadores y la tramitación y la liquidación de las ayudas de lo que se llama oferta de formación de las administraciones públicas». «Tenemos otra función poco conocida –agrega Luengo–, pero la más importante para mí, como es la de dar apoyo a la negociación colectiva en materia de formación. Las necesidades formativas de este país son por ley determinadas por las estructuras (antes comisiones) paritarias sectoriales. En ellas intervienen las organizaciones patronales y sindicales de cada sector con el peso que le correspondan».

– ¿En qué se diferencia de su antecesora, la Fundación Tripartita?

– Es la misma . Sólo ha cambiado la denominación y la composición del patronato. La Tripartita sí tiene una antecesora, la Fundación Forcem. Ahora, la Presidencia del patronato la ejerce el secretario de Estado de Empleo; la fundación, además de entidad colaboradora del Servicio de Empleo Estatal, también lo es del Ministerio de Empleo. El patronato lo integran asimismo las comunidades autónomas, además de las organizaciones patronales y sindicales más representativas y la Administración General del Estado. Significativo es el cambio de peso específico de cada parte en la toma de decisiones: el Estado cuenta con la mayoría de los votos para adoptar acuerdos.

– Por tanto, ¿esa idea que tiene la opinión publica de que la Fundación era mangoneada por centrales sindicales y patronal ya no es real?

– Nunca lo fue. Siempre se han adoptado las decisiones por consenso.

– Entonces, ¿estas organizaciones han dejado de coser y descoser a su antojo?

– Ésa es una impresión equivocada y me temo que los cambios que se han hecho en la gobernanza de la Fundación y del sistema no van a alterar esa percepción de los ciudadanos.

– ¿Pesa el lastre de imagen de esta institución de que, en los últimos tiempos, ha estado vinculada a la corrupción?

– Es una rémora histórica. Viene de antiguo porque los casos de malas prácticas que se empiezan a conocer en los últimos cinco o seis años se gestan 10 años antes. El llamado fraude de la formación es una injusta e intencionada losa que se le ha puesto al sistema. Ha habido un enfoque desproporcionado sobre los casos de corrupción, que existen y, por supuesto, se persiguen. Cada año se reingresan en el Tesoro más de 20 millones de euros por devoluciones voluntarias, malas prácticas o actuaciones desviadas detectadas por la inspección.

– ¿Ha sido fuente de financiación de sindicatos y patronales?

– La mayoría de estas organizaciones dan formación desde mucho antes de que se concedieran las subvenciones. Hay patronales como la del Metal que su existencia se debe, en gran parte, a la demanda de ella por parte de sus miembros. Ahora bien, la Ley permite la financiación de los gastos ordinarios de cualquier organización asociados a la actividad que se subvenciona. Antes era del 20% y ahora es del 10% o el 15%, según los casos. Otra cuestión es que alguna haya superado esos límites, como ha puesto de manifiesto en alguna ocasión el Tribunal de Cuentas. Y que no le quepa a nadie ninguna duda de que en esos casos se actúa sin miramientos.

– ¿Ha habido desviaciones de dinero?

– A mí lo que me consta es que ha habido casos en los que el Tribunal de Cuentas y nosotros mismos hemos comprobado que determinadas ayudas no estaban suficientemente justificadas y, por tanto, se ha obligado a devolverlas. Es un mito que tiene una dimensión real pequeña. Existe en la misma proporción que en todos los órdenes de la vida.

– ¿Cuáles son los déficits más acusados de la formación profesional en España?

– El principal es la falta de arraigo que tiene la formación profesional en la conciencia social. Seguimos pensando que lo que te sitúa en la vida y te da una buena posición social son los estudios superiores. El resultado es una sobrecualificación. Todos los estudios de perspectivas apuntan que la mayor parte de los puestos de trabajo que se crearán en Europa en los próximos 10-15 años van a requerir titulaciones relacionadas con la Formación Profesional. Es un drama. Está tan enraizado en la sociedad que la FP es de segundo nivel que se tendrá que producir un cambio cultural a nivel generacional. La FP Dual tiene de momento muy poca implantación en nuestro país porque también falta compromiso empresarial.

– ¿Qué está haciendo el organismo que dirige para impulsar la cualificación de ese amplio colectivo con escasa formación y que es hijo de la burbuja inmobiliaria?

– Nosotros nos dedicamos a la formación de empleados; la de desempleados es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Sin embargo, tanto las iniciativas del sistema como la oferta de formación es sectorial o intersectorial y, en ambos casos, las orientaciones que se dan desde aquí deben estar enfocadas en la empleabilidad y, como se recoge expresamente en la Ley, esas acciones formativas deben tener en cuenta a quienes proceden de sectores en crisis o podrían cambiar de ámbito de actividad. Ahora, estamos tratando de destinar una parte importante de fondos a formación de aquellas personas que corren el riesgo de perder su trabajo por no tener la cualificación necesaria. Es el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican a la dependencia.

EL PERFIL

Extremeño, aunque nacido por circunstancias en Madrid, Alfonso Luengo es un funcionario de carrera, técnico de la Administración Civil, que en este puesto ha tenido que adquirir otras habilidades que antes no había necesitado. Si bien se trata de un cargo gerencial, la necesidad de coordinar a distintos jugadores

–sindicatos, patronales, comunidades y Estado- y tratar de que se pongan de acuerdo, le ha hecho hacerse diestro en manejos políticos. Antes de incorporarse a la Fundación Estatal para la Formación del Empleo ha estado en plazas tan distintas como el Consejo Superior de Deportes, el Instituto Cervantes, el Museo Reina Sofía, el Inaem o el Museo del Prado.