Espaldarazo para que la futura CNMC sea garante de la unidad de mercado

Madrid- Cada año, el Banco Mundial publica su informe «Doing Business», en el que hace una clasificación de los países en función de las facilidades que ofrecen para hacer negocios. España no suele salir bien parado en este ranking y a muchos no les extraña, entre otras cosas por la maraña de normativas autonómicas que atrapan y desaniman a las empresas a invertir. Para simplificarlo todo y facilitar los negocios, el PP introdujo en su programa electoral la confección de una ley de unidad de mercado en la que lleva trabajando meses y que acaba de recibir un importante espaldarazo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En el informe en el que analiza el anteproyecto de ley de garantía de unidad de mercado, el organismo valora «positivamente» la iniciativa y su papel como garante último de la unidad de mercado para la eficacia del sistema.

La normativa en la que trabaja la Secretaría de Estado de Comercio otorga a la futura Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), en la que se integrará la CNC, la potestad de impugnar disposiciones y actuaciones públicas contrarias a la unidad de mercado bien de oficio o tras la pertinente denuncia de algún operador que se sienta afectado. Si lo considera oportuno, podrá interponer recurso ante la autoridad judicial, lo que supondrá la suspensión automática del acto recurrido. La mera existencia de la CNMC y la posibilidad de que puede interponer recurso contencioso-administrativo contra algunas decisiones de las autonomías «pueden reforzar la credibilidad de los mecanismos previos y "blandos"de corrección, y la disuasión de que las distintas administraciones y autoridades competentes adopten medidas injustificadamente restrictivas de la unidad de mercado y, más ampliamente, de la actividad económica», asegura el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Y podrá hacerlo, añade, sin coste adicional alguno.

Para que la CNMC sea realmente efectiva, Competencia solicita que su diseño normativo «sea motivado por la protección del interés general» y que guarde la independencia con respecto a los operadores que debe supervisar.