España
España apenas invierte un cuarto de lo necesario en infraestructuras hídricas
Sólo destina 650 millones al año cuando debería destinar al menos 2.600, según un informe de ATKearney
España es un país sometido a ciclos periódicos de sequía, lo que le ha convertido en uno de los miembros de la UE con mayor superficie de estrés hídrico.
España es un país sometido a ciclos periódicos de sequía, lo que le ha convertido en uno de los miembros de la UE con mayor superficie de estrés hídrico. Según el Center for Environmental Systems Research, el consumo de agua supera el 40% del total disponible en un 72% de su territorio. Tal situación le exige mantener un buen sistema de embalses y presas, reducir y eliminar todo lo posible las pérdidas de su red de abastecimiento, reutilizar todo el agua que le sea posible y hacer un uso más eficiente de sus recursos hídricos subterráneos.
Sin embargo, aunque sus necesidades son mayores que las de los países de su entorno, en los últimos años, sus inversiones han estado muy por debajo de la media europea. Mientras que sus socios de la UE han invertido en infraestructuras de agua el equivalente al 0,25% del PIB, España apenas ha llegado al 0,11%, según un informe que ha elaborado ATKearney para la patronal de las constructoras españolas, Seopan.
Con el PIB nominal español de 2014, 1,04 billones de euros, significa que en lugar de los 2.600 millones que debería invertir España anualmente para equipararse a la media europea, apenas destina 650 millones de euros.
El informe de ATKearney asegura que los efectos de la falta de inversiones comienzan a notarse para mal. Según sus datos, mientras que en 2008 las pérdidas de abastecimiento de agua eran del 24%, en 2012 ya se habían elevado al 26%. Estas pérdidas, prosigue el estudio, “implican una mayor demanda de capacidad potabilizadora, ya que existe una necesidad de potabilizar agua no productiva, con el consiguiente gasto energético. Además, se producen retiradas innecesarias de agua de los cauces naturales con el consiguiente impacto medioambiental”.
La mejora de las infraestructuras hidráulicas también redundaría en un avance para el sector agrícola, que aporta el 3,6% del PIB. ATKearney cree que existe “un gran potencial de desarrollo en su productividad comparado con otros países más eficientes, siendo posible aumentar el valor añadido agrícola tanto en proporción al área de cultivo como en proporción al volumen de agua utilizado con fines agrícolas”.
Para ilustrar su hipótesis, la consultora compara los datos de España con los de Israel, uno de los más eficientes en este campo. Mientras que la productividad de la agricultura del país hebreo, medido en euros de valor añadido por hectárea cultivable, es de 18.000 euros, el de España es de apenas 2.600.
En cuanto a la productividad del agua, medida en euros de valor añadido agrícola por metro cúbico de agua, es de 5,33 euros en Israel y de 1,65 euros en nuestro país. ATKearney no sólo cree que España tiene recorrido para ser más eficiente en el uso del agua con fines agrícolas sino también para aumentar su superficie de riego con las inversiones adecuadas. El informe destaca que aunque el porcentaje de área agrícola con sistemas de regadío es mucho mayor que el de paíss como Alemania o Reino Unido, “supone sólo la mitad del que dispone Italia, un país con unas condiciones climáticas más similares a las españolas en las áreas dedicadas al cultivo”.
Al hilo de esta reflexión sobre las hectáreas cultivables, el estudio asegura que con una adecuada conexión entre cuencas, la zona sur, más deficiente en precipitaciones, podría tener un potencial para un mayor rendimiento agrícola debido al mayor número de horas de sol de la misma. Se trataría, argumenta, de “aprovechar los excesos de caudal de las cuencas del norte con ventajas en el sur no sólo para la agricultura sino también para el medio ambiente y para otros sectores económicos, como por ejemplo el turismo”.
La situación podría revertirse en los próximos años si se ejecutan las inversiones recogidas en los 16 planes hidrológicos aprobados por el Gobierno el pasado viernes. Los planes contemplan inversiones por valor de 17.500 millones de euros hasta 2021. El 65% de estos fondos se destinarán a cumplir los objetivos ambientales establecidos por la Unión Europea.
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