España debe encarar una nueva reforma fiscal

Los ingresos tributarios han sufrido una merma de 4.669 millones de euros hasta agosto, debido a los cambios normativos en IRPF y Sociedades. Esta caída avala la necesidad de poner en marcha medidas que aumenten la recaudación y reduzcan el déficit público.

Pese a que España sufre un problema mayor de gastos que de ingresos, la recaudación tributaria cayó un 1,8% hasta agosto, lo que encrudece todavía más la batalla contra el déficit. Las arcas públicas han ingresado 4.669 millones de euros menos debido a la bajada de tipos de IRPF y Sociedades. Y aunque esta reducción de la carga fiscal se haya traducido en un tirón del PIB, no se ha reflejado en la «caja registradora» del erario. Ahora urge cuadrar unas desfasadas cuentas públicas para cumplir con las autoridades comunitarias y la caída de ingresos avala la necesidad de acometer una nueva reforma fiscal.

La baja recaudación es el gran talón de Aquiles del sistema tributario. Entre 2007 y 2009 –como consecuencia de la crisis–, el desplome fue de 56.742 millones de euros, equivalente al 5,4% del PIB. A partir de 2010 se sucedieron reformas impositivas para frenar esta sangría y contribuir, desde el lado del ingreso, a corregir el ahora disparado déficit público. Y si bien la caja se incrementó en 30.731 millones de euros entre 2009 y 2014, los avances de recaudación tributaria en 2015 y 2016 muestran que los ingresos reales serán menores de los presupuestados, dados los cambios normativos que afectan a la imposición directa.

Pilares básicos

En cuanto se constituya el nuevo Gobierno, España debería encarar una reforma fiscal integral que garantice una distribución equitativa de los ingresos y corrija los efectos más hostiles de la crisis. Mientras algunos defienden la necesidad de reducir la dualidad fiscal del IRPF, otros aconsejan nivelar el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades de las multinacionales con el de las pymes –las pequeñas empresas tributan a un tipo medio efectivo cercano al 15%, cuando las grandes corporaciones lo hacen realmente al 6%–. E incluso desde Gestha proponen elevar en cinco puntos el tipo nominal a las grandes empresas a partir de un millón de euros al año de beneficios, lo que podría aportar unos 13.000 millones al año a las arcas públicas.

Ransés Pérez, inspector de Hacienda del Estado, opina que la última reforma fiscal fue parcial y que malinterpretó la coyuntura económica, al bajar los impuestos antes de tiempo. Por ello, ahora «la baja recaudación está obligando al Gobierno a volver a subirlos, como ha sucedido con el aumento de los pagos a cuenta de Sociedades. España necesita una reforma fiscal coyuntural, que arregle los desequilibrios básicos. Una vez que salgamos del problema, será el momento de diseñar la gran reforma fiscal que requiere el país».

Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF-REGAF, resalta la necesidad de poner en marcha las reformas pendientes en los tributos ligados a la financiación autonómica. Y entre los principales retos para el futuro destaca el de conseguir una recaudación acorde con nuestro Estado del Bienestar, con un sistema tributario equilibrado y estable, y con unos tipos impositivos homologables. Al margen de subiendo los tipos –donde no existe mucho margen por ser relativamente elevados si los comparamos con nuestro entorno–, Sanmartín apunta que el incremento de recaudación podría lograrse mediante la tributación medioambiental y la contención del fraude.

Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, opina que las reformas deberían orientarse hacia la ampliación de las bases tributarias, eliminando beneficios fiscales injustificados y reduciendo los tipos de gravamen en el ámbito de la imposición directa. Así, piensa, se conseguiría avanzar en el principio de generalidad tributaria, incrementar la recaudación, distribuir la carga impositiva de forma más equitativa y aumentar la eficiencia del sistema.

Sociedades: Más allá de aproximar la tributación efectiva a la nominal, eliminando incentivos que restan recaudación, la reforma debería corregir uno de los principales problemas que arrastra este impuesto, que excede del ámbito nacional y pasa por la coordinación a nivel europeo de la tributación de las empresas multinacionales para que cada país pueda gravar la parte del beneficio de las mismas que corresponde a las operaciones realizadas en su territorio. En el terreno doméstico, Álvarez aboga por eliminar los beneficios fiscales no justificados por su eficiencia económica y por revisar las normas sobre compensación de pérdidas, los incentivos a la autofinanciación empresarial o los sistemas de amortización. Finalmente, para simplificar los costes empresariales, insta a armonizar la normativa fiscal con la contable.

IRPF: La recaudación por este impuesto decrece un 1,8% debido a la rebaja de tipos y retenciones. Los expertos aconsejan suprimir los beneficios fiscales y ensanchar la base imponible, reduciendo los tramos de la tarifa y los tipos marginales. Respecto a la fiscalidad del ahorro, debería avanzarse en la configuración dual del impuesto. Al mismo tiempo, creen que se tendría que fomentar el ahorro a largo plazo y las fórmulas de ahorro previsión, dando el mismo tratamiento a todos los productos financieros de estas características. Otras medidas de calado serían la eliminación de la estimación objetiva en la determinación de los rendimientos de actividades económicas, la corrección anual de los efectos de la inflación sobre los tipos de gravamen, mínimos y deducciones, y la recuperación del concepto de renta discrecional. Pérez opina que, en este ámbito, se debería afrontar la tributación del régimen de estimación objetiva, de los módulos, para reducirlo a aquellos contribuyentes pequeños que facturen únicamente a consumidores finales.

IVA: Los ingresos por este impuesto crecen por encima del 3%. De hecho, 2016 podría ser un año récord y registrar una recaudación superior a los 62.000 millones –los beneficios fiscales en el IVA suponen el 38% de los ingresos totales–. Desde 2009, la caja que ha hecho el IVA se ha incrementado en un 90%, a merced de las dos subidas del impuesto acometidas en 2010 y 2012 y de la recuperación económica. Sin embargo, Álvarez recuerda que España es el país que menos recauda, en términos relativos, de todos los de la UE, no tanto por los tipos de gravamen aplicados, sino por la extensa lista de productos gravados con tipos impositivos reducidos y superreducidos. Aunque la reforma de este impuesto deba abordarse con cautela para no dañar al consumo, «a medio plazo tendrían que acometerse cambios como la supresión del sistema simplificado y la revisión de la lista de productos gravados con tipos reducidos». Pérez asevera que habría que reconsiderar la reclasificación de algunos productos que ahora están en el tipo superreducido (4%) o reducido (10%). Otras fuentes consultadas sugieren unificar los tipos impositivos o aumentar el tipo general y/o los especiales –en la actualidad, 21%,8% y 4%–.

Otros impuestos: La vigencia del Impuesto de Patrimonio depende de los Presupuestos. Y si, finalmente, se prorrogan las cuentas, este tributo podría originar para las comunidades un agujero de 1.000 millones de euros. Los expertos recomiendan suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y reformar en profundidad Sucesiones y Donaciones para terminar con las divergencias tan significativas que existen entre las autonomías. Álvarez se muestra partidario de que las herencias y donaciones entre padres e hijos estén exentas de tributación y de que, en el resto de los supuestos, se apliquen tipos impositivos reducidos sobre unas bases imponibles amplias, eliminando los beneficios fiscales existentes a la transmisión de cierto tipo de bienes.

Más de 253.000 millones a espaldas del fisco

Entre los pilares sobre los que debería sustentarse la nueva reforma destaca la puesta en marcha de un plan contundente contra el fraude y la evasión, que en España asciende hasta el 24,6% del PIB –según Gestha–. Es decir, más de 253.000 millones de euros circulan a espaldas del fisco y cuestan a cada español unos 2.000 euros de más en impuestos.

Los Técnicos de Hacienda reclaman más medios para la detección del fraude, pero actualmente la Agencia Tributaria apenas tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia o Alemania, donde hay uno por cada 729. No obstante, Hacienda cosechó en 2015 el récord de 15.600 millones de euros en esta lucha, lo que supuso un incremento del 27% respecto a lo obtenido durante el ejercicio anterior.

Gestha calcula que España necesita 26.718 nuevos funcionarios para combatir el fraude. Además, revela que el 80% de los recursos se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el gran fraude, que supone el 70% del total. El plan que propone, asegura Cruzado, podría recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año, gracias

–entre otras medidas– a una mayor coordinación entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal. De igual modo, ven imprescindible que las entidades españolas que operan en paraísos fiscales a través de filiales faciliten información a la AEAT sobre los titulares de cuentas y productos.

El déficit sólo puede reducirse si se gasta menos o se ingresa más. Y aunque la mayoría de los partidos políticos contemple la posibilidad de aumentar el gasto si aflora parte del dinero sumergido, fuentes consultadas afirman que sería más efectivo relajar la carga fiscal que recrudecer la batalla contra el fraude.

Por otra parte, Pérez explica que la lacra del fraude se centra en las figuras del IRPF y Sociedades, que recaen sobre la renta. Reconoce que en este campo se han tomado medidas, pero avisa de que aún queda mucho camino que recorrer para tapar los agujeros fiscales del sistema. De igual modo, reitera que la Agencia Tributaria española es una de las que menos personal tiene de la UE, lo que demuestra la poca determinación que existe para atajar este problema.

Una brecha de 4.400 millones de euros

Si el año pasado los ingresos tributarios netos subieron un 4% respecto a 2014, hasta los 182.009 millones de euros, este año la recaudación no parece ir por buen camino –debido fundamentalmente al hundimiento de Sociedades–. Aun así, Sanmartín prevé que al cierre del ejercicio, y con el incremento de pagos fraccionados recientemente aprobado, pueda alcanzarse el importe presupuestado.

Este año se han presupuestado 191.239 millones. Y frente a los 183.876 millones que se presupuestaron en 2015, se recaudaron 179.479. Es decir, el agujero fue de 4.400 millones de euros. Los expertos advierten de la ineficiencia de nuestro sistema impositivo. Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), revela que en España no se dan pasos en profundidad, sino que se «parchea» para taponar las «fugas» por un periodo de tiempo limitado. «La política fiscal está basada en la improvisación y no en la planificación». Cruzado agrega que nuestro sistema impositivo puede considerarse ineficaz hasta el punto de que la reforma de 2014 apenas supuso un ahorro medio de 16 euros anuales para los contribuyentes en concepto de IRPF.

El presidente de Gestha explica que la recaudación es baja porque se beneficia a quienes más pueden contribuir. «La pérdida acumulada de ingresos en todos los impuestos y tasas que gestiona la AEAT desde 2008 asciende a 253.559 millones de euros». Y señala que el 5,1% de déficit que registró España en 2015 se debe, en parte, a la reforma fiscal, «que mermó la capacidad recaudatoria. Hasta que no se aplique una reforma de arriba abajo, el agujero de las arcas públicas seguirá creciendo».