España no tiene los aliados necesarios para lograr una multa cero

El colegio de comisarios debate hoy, muy dividido, una sanción de carácter simbólico por el incumplimiento del déficit en 2015.

El colegio de comisarios acude hoy a su última reunión del curso político con la incertidumbre propia de las grandes ocasiones. El ejecutivo comunitario tomará una decisión sobre la multa a España por su elevado déficit público durante el año 2015 con las espadas en alto y la brecha entre halcones y palomas todavía sin cerrar. Según las fuentes consultadas, el debate sigue abierto y aunque se descarta que nuestro país sea castigado de modo ejemplarizante con una multa máxima del 0,2% el PIB, 2.200 millones de euros, la cuantía debe aún fijarse y puede haber cambios de guión en el último acto.

La flexibilidad del pacto de Estabilidad y Crecimiento, que propugna un déficit público por debajo del 3%, también prevé que la multa pueda ser anulada en esta fase del procedimiento o quedar reducida a los cero euros. La primera opción parece descartada de plano y la segunda no cuenta con el número suficiente de defensores. «No hay mayoría en el colegio para la multa cero», confirma una alta fuente europea que, sin embargo, no quiere adelantar acontecimientos.

Opiniones enfrentadas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ha mostrado siempre a favor de que el castigo a España sea el menor posible y cuenta como principal aliado con el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el socialista francés Pierre Moscovici, que lidera el sector más benigno junto con Italia. Un preludio de las negociaciones que los dos países deberán mantener con Bruselas en un futuro próximo por su incumplimiento en los objetivos de déficit y deuda pública respectivamente.

Tras la reunión de los jefes de gabinete del lunes, no se pudo alcanzar una posición común clara a pesar de que el documento elaborado por Moscovici y Valdis Dombrovskis, vicepresidente del Euro y representante del ala dura pretende allanar el camino de cara a la reunión de hoy. Todo indica que se alcanzará un acuerdo para fijar una cuantía menor de carácter testimonial, pero que sin embargo, siga dejando claro que España no realizó los esfuerzos suficientes durante al año pasado para poner en vereda las cuentas públicas y que esto no sale gratis. Esta cuantía sería sustancialmente inferior a los 1.000 millones de euros, pero nada está decidido por el momento. Dentro del grupo de aquellos que mantienen una oposición enconada a una multa cero están Finlandia, Suecia y Austria. «Algunos sienten más adoración por la norma que por su objetivo», resume una fuente comunitaria.

Alemania, según las fuentes consultadas, ha mantenido durante todo el proceso una postura ambivalente, con un doble discurso diferenciado para consumo interno y externo. El todopoderoso ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se mostró en el mes de mayo radicalmente en contra del retraso en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo comunitario con la premisa de «no interferir» en las elecciones españolas, pero Alemania no está liderando el ala dura de los halcones como en otras ocasiones, ya que, según estas fuentes, Berlín reconoce el esfuerzo global realizado en los últimos años.

Los próximos esfuerzos

Donde no se esperan sorpresas de última hora es en la concesión de una prórroga de dos años, hasta 2018, para que nuestro país vuelva a situar el déficit público por debajo del umbral del 3% de déficit. En el mes de mayo, Bruselas propuso una senda fiscal del 3,9% para este año y 2,5% el que viene, pero el largo letargo sin gobierno ha propiciado que este calendario haya quedado rápidamente obsoleto. En el mes de mayo, el Ejecutivo comunitario cifró en 8.000 millones de euros el ajuste para estos dos años. Esta cifra podría aumentar, aunque repartida en un año más.

En la última actualización del Plan de Estabilidad presentada a finales del pasado mes de abril por el Gobierno en funciones, el déficit previsto para el presente año es del 3,6% del PIB, que se reduce al 2,9% en 2017, por debajo del límite máximo que exige Bruselas. Para el año en curso, la Administración Central cerraría con un déficit del 1,8% del PIB, cifra a la que habría que añadir un 0,7% de las comunidades autónomas y un 1,1% de la Seguridad Social. Las corporaciones locales acabarían con equilibrio presupuestario. El Plan de estabilidad fija también los objetivos para los ejercicios 2018 y 2019. Para la primera de las dos fechas la senda de estabilidad presupuestaria fija un déficit del 2,2% del PIB y del 1,6% para el horizonte 2019.