Fomento mantendrá abiertas y con peajes las radiales si quiebran

El Ministerio gestionaría las autopistas a través de la empresa pública de carreteras Seittsa

Las radiales han acabado en concurso de acreedores por la falta de tráfico, los sobrecostes de las expropiaciones y la competencia, en algunos casos, de autopistas paralelas libres de pago
Las radiales han acabado en concurso de acreedores por la falta de tráfico, los sobrecostes de las expropiaciones y la competencia, en algunos casos, de autopistas paralelas libres de pago

El Ministerio de Fomento gestionaría las autopistas radiales, en caso de que quiebren, a través de la empresa pública de carreteras Seittsa.

Si el PP repite al frente del Gobierno, las autopistas de peaje R-3 –Madrid-Arganda– y R-5 –Madrid-Navalcarnero– no cerrarán aunque la sociedad que ahora las gestiona, Accesos de Madrid, finalmente sea liquidada. Así se lo confirmaron representantes del Ministerio de Fomento al sindicato CSIF en una reunión que mantuvieron la semana pasada para tratar la decisión de cerrar ambas vías decretada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Esta instancia dictó un auto en mayo en el que decretaba el cierre al tráfico el 1 de octubre de ambas autopistas si Fomento no asume antes de esa fecha la gestión. A comienzos de este mes, y como continuación al citado auto, el juzgado acordó iniciar el cierre de las dos radiales. La fecha límite, no obstante, podría ampliarse. El Ministerio ha impugnado ante el Tribunal Supremo la decisión del juzgado madrileño al considerar que carece de competencias para suspender un contrato de concesión administrativa. El Ministerio entiende que este paso detiene la cuenta atrás.

Ocurra antes o después, esta misma semana, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, aseguró que «lo previsible» es que estas vías, así como el resto de las autopistas de peaje en proceso concursal –R-2, R-4, AP-41 Madrid-Toledo, eje del aeropuerto, AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la AP-7 entre Alicante y Cartagena– acaben en liquidación. De darse esta situación, acabarían en manos del Estado, su verdadero propietario, con la «voluntad» de que regresen al mercado mediante una futura licitación. En el caso de la R-3 y la R-5, las cuentas de su concesionaria son positivas, lo que facilitaría que volvieran a ser gestionadas en régimen de concesión por una empresa privada. La R-3 cerró el año pasado con un incremento de su tráfico del 12,5%, mientras que el de la R-5 se aumentó un 9,7%.

Hasta que eso ocurriera, la intención de Fomento es integrar las vías en la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), una sociedad pública dependiente del ministerio, que se encargaría de su gestión, según anunciaron los responsables del Ministerio de Fomento en la citada reunión. Los 120 trabajadores de la actual concesionaria pasarían entonces a depender de esta firma pública.

El pago se mantiene

La integración de las vías en la estructura de Fomento no implicaría, en ningún caso, la desaparición de los peajes. «Fomento ha dicho que se mantendrán sí o sí», explican fuentes asistentes a la reunión. La decisión de mantener el pago choca con las declaraciones públicas efectuadas por diversos responsables del Ministerio, que han asegurado que su idea es no volver a licitar las concesiones de los peajes que vayan venciendo en los próximos años.

La única posibilidad de que no se llegase a la liquidación de estas autopistas en apuros sería lograr un acuerdo de última hora sobre la propuesta que hizo el año pasado el Ministerio de Fomento. Su plan pasa por quedarse con las vías en apuros e intregarlas en una sociedad pública. Para ello, ha ofrecido a su banca acreedora una quita del 50% sobre los 3.200 millones de deuda bancaria que tienen y financiar la mitad restante con un bono a largo plazo. También ofrece una quita para los 500 millones de deuda que soportan las constructoras. El plan, que estuvo cerca de materializarse, se truncó por las discrepancias de ambas partes sobre el tipo de interés –en principio, el 1%– que debía devengar el bono.

Compensación

De llegarse al escenario de liquidación, Fomento no sólo tendrá que asumir la gestión de las autopistas, sino que deberá pagar la Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA), una cláusula incluida en los contratos de concesión por si se diera esta contingencia. El monto de la misma está en discusión. Mientras que la patronal de la construcción, Seopan, la cifra en el entorno de los 5.000 millones de euros, Fomento asegura que habría que determinarla, como repitió Gómez-Pomar.